Sexualidad y derechos de las mujeres en la gobernanza de internet

14-17 de septiembre de 2010, Quinto Foro de gobernanza de internet

El Foro de gobernanza de internet, o FGI, es una plataforma multisectorial creada por Naciones Unidas para discutir políticas públicas relativas a la gobernanza de internet. El FGI se lleva a cabo todos los años y constituye un espacio clave, poderoso y relativamente abierto para el diálogo y la deliberación política. Si bien no tiene la potestad de presentar documentos políticos, comparado con otros espacios de la ONU, el FGI ha tenido un fuerte impacto en los marcos y principios subyacentes a la gobernanza de internet. Desde su inicio, en 2006, el FGI se ha ido desarrollando hasta convertirse en un espacio bastante abierto y participativo, donde todos los interesados interactúan y contribuyen a la discusión en pie de igualdad.

Al mismo tiempo, el FGI ha sido un espacio de desafío tanto para los y las activistas por los derechos de las mujeres, como para otras organizaciones más amplias que se dedican al activismo por la igualdad de género y los derechos relativos a la sexualidad. En el quinto y último año de mandato del foro, los derechos de las mujeres se siguen subestimando como tema clave que debe discutirse en este escenario y las cuestiones sexuales están presentes, pero no se consideran como un derecho. El Programa de apoyo a las redes de mujeres (PARM de APC) y algunos socios claves organizaron talleres y plantearon la dimensión de género y sexualidad de las políticas de internet dentro del área temática de la apertura, la privacidad y la seguridad. Ello incluye la discusión sobre la participación de las mujeres en los procesos políticos, la violencia hacia las mujeres y los derechos sexuales. Las sesiones sobre esta área temática siguen siendo una de las pocas instancias en que se trata claramente la dimensión de género y los derechos sexuales de la gobernanza en el FGI.

Para preparar el FGI de este año, presentamos este documento que destaca algunos puntos claves sobre reg

ulación de internet, relevantes para la igualdad de género y la sexualidad. También pone sobre la mesa de debate los resultados de varias investigaciones realizadas por APC y algunos socios claves, entre las que se incluye la iniciativa EROTICS http://www.apc.org/es/projects/erotics/es, llevada a cabo en cinco países: Brasil, India, Líbano, Sudáfrica y Estados Unidos.

Persistencia de la disparidad de género y ausencia de activistas por los derechos sexuales

Aún persiste una brecha de género significativa en cuanto a la participación en el proceso del FGI y a la contribución de representantes de las organizaciones de mujeres y expertas en el diseño de la agenda. En el foro de 2009, sólo 29% de los/as 1.518 participantes eran mujeres. Del total de 100 talleres propuestos para este año, cuatro proponían expresamente dedicarse a los derechos de las mujeres y las dimensiones de género de la gobernanza de internet – y sólo dos de esos cuatro fueron aprobados. Los obstáculos para la participación incluyen la falta de compromiso político por parte de los movimientos de las mujeres y la ausencia de una maquinaria de gobierno que observe los derechos de las mujeres en el área de la gobernanza de internet. Esto se debe en parte a la necesidad de capacitación en ésta área y, en parte, al fracaso en cuanto a la incorporación de los derechos de las mujeres a los análisis y debates del foro. El campo de las tecnologías de internet y las tecnologías de la información y la comunicación también fue evolucionando con una fuerte disparidad de género y hay pocas mujeres en la toma de decisiones, tanto en los gobiernos, como en el sector privado. Además, no hay movimientos fuertes de derechos sexuales que se hayan comprometido con la gobernanza de internet en general, o con el FGI en particular. Esta ausencia se refleja en forma inevitable en las maneras en que se debaten los temas de la sexualidad y los derechos humanos en el foro.

El papel de internet en la defensa y realización de los derechos

Los resultados de la investigación de APC en el área de derechos sexuales, censura e internet en 2009 indican claramente que internet es un espacio clave en la lucha por los derechos y libertades fundamentales. Esto es especialmente cierto en contextos donde las libertades civiles están restringidas o bajo amenaza. Desde la perspectiva de las personas discriminadas por su género y/o su identidad sexual, la restricción y la amenaza a sus derechos básicos son una realidad y un motivo de lucha de la vida diaria. Para estas personas, internet constituye un espacio especialmente vital donde acceder a información relevante, dar y obtener apoyo y movilizarse para incidir políticamente. En Sudáfrica, por ejemplo, la investigación EROTICS de APC descubrió lo valioso que es el espacio de internet para hombres y mujeres transgénero que necesitan información importante para su salud, así como para construir redes, organizar reuniones en espacios seguros y empezar a cuestionar las relaciones de poder predominantes en el mundo real.

La investigación de Líbano detectó un fuerte vínculo entre el desarrollo de una red mundial abierta y el fortalecimiento del movimiento por los derechos sexuales. En Brasil, los resultados fueron similares ya que, si bien la agenda política de derechos de género y de lesbianas, gays, bisexuales y personas transexuales/transgénero están bastante bien establecidas, los y las activistas de ambos campos utilizan mucho internet para conocer sus derechos y organizarse para realizar más actividades de incidencia. En India, las mujeres jóvenes de Mumbai están negociando y desafiando normas de género que limitan su sensación de seguridad y su movilidad en espacios físicos aprovechando la libertad de expresión y la autorrepresentación en los espacios en línea. En todos los contextos de investigación, la posibilidad de acceder, usar y definir internet le permite a grupos discriminados y marginados de individuos involucrarse con el ambiente social, cultural y político en el que viven, y transformarlo. Para que internet se convierta en un espacio de ese tipo, hay que garantizar el pleno reconocimiento y respeto de los derechos de comunicación de los usuarios y usuarias – incluyendo el acceso a la información, el derecho a formar comunidades, la libertad de expresión, de conciencia, pensamiento y credo, y el derecho a la privacidad.

Internet también es una fuente fundamental de información y conocimiento, sobre todo de contenidos que resultan difíciles de encontrar en otros dominios públicos. Esto puede ser esencial para garantizar el bienestar de las personas, como en el caso de la información relativa a la salud sexual reproductora y el aborto seguro, o la cirugía de cambio de sexo. El acceso a información clave incluye la posibilidad de acceder al conocimiento desde una variedad de fuentes – que pueden informar la toma de decisiones – al igual que la oportunidad de intercambiar experiencias y construir un fondo comunal de conocimiento sobre temas específicos. En particular, las situaciones de violencia hacia las mujeres, o el abuso sexual infantil – en cuyos casos, según lo que arrojan las investigaciones, el/a abusador/a suele ser una persona conocida de la víctima (pareja, esposo/a, o familiar) y tiene la posibilidad de ejercer un fuerte control sobre sus movimientos – el acceso a información importante, en forma segura y sin que se pueda rastrear es clave para encontrar soluciones inmediatas y directas que terminen con el abuso, o permitan eliminar la amenaza.

Exigencia de una mayor regulación de internet, debate público distorsionado

En todo el mundo, los gobiernos y otros actores exigen regulaciones más estrictas para internet. En Brasil, se han propuesto una serie de reformas legislativas y en India se presentó una nueva ley. En Estados Unidos, la regulación ocurre a través del uso prevalente de tecnologías de filtrado que se normalizan y se despliegan en varios niveles del acceso a internet; en las instituciones públicas, lugares de trabajo, hogares, PSI, etc. En otros lugares, los obstáculos de infraestructura tienen un impacto regulatorio, como sucedió en Líbano, donde la terrible lentitud de la conexión a internet terminó limitando el acceso.

En este mismo paisaje, es frecuente la exportación e importación de modelos y modalidades regulatorias. Por ejemplo, la convención de la Unión Europea sobre ciberdelitos inspiró reformas legislativas en diversos lugares, como Brasil. Numerosas agencias de aplicación de la ley del mundo están usando el sistema CETS desarrollado por Microsoft a pedido del gobierno de Canadá. La reforma legal y la cooperación internacional en el cumplimiento de la ley se realizan también mediante esfuerzos de “armonización” que surgen de acuerdos multilaterales. Por ejemplo, los países del G8 se reúnen regularmente para pensar cómo armonizar sus métodos para enfrentar los ciberdelitos, incluyendo nuevos poderes de investigación y formas de cooperación.

El llamado a contar con regulaciones más estrictas de internet incluye las justificaciones clásicas de seguridad estatal o pública (contra el terrorismo, la disidencia y la delincuencia), la necesidad de proteger la cultura y las tradiciones y, más específicamente, la protección de grupos vulnerables, sobre todo los niños y niñas. Sin embargo, se propusieron, procesaron y aprobaron reformas legales en los dominios relativamente nuevos de los medios, las tecnologías digitales, internet y la telefonía móvil sin consultar a los grupos que podrían verse afectados.

Por ejemplo, la Ley sobre tecnologías de la información 2008 de India se aprobó luego de apenas 10 minutos de debate en la Asamblea legislativa, en respuesta a los fuertes ataques ocurridos en Mumbai el 26 de noviembre de 2008 y la diseminación de un video pornográfico escandaloso alrededor de la misma fecha. Hubo experiencias similares en Indonesia y otros países donde las leyes se aprobaron o enmendaron rápidamente para terminar con la pornografía en línea. La investigación EROTICS en Brasil y la investigación de la iniciativa OpenNet en Malasia también muestran que, a veces, el ímpetu de cambio legislativo o político se debe menos al interés declarado de proteger a grupos vulnerables, que a un interés político o económico particular, como las protestas de los bancos (debidas a pérdidas financieras) para recuperar el control del espacio público de los medios, o las agendas de moral conservadora de algunos parlamentarios y parlamentarias.

Incluso cuando la legislación propuesta está sujeta a debate público, no hay garantías de una participación positiva de todos los interesados e interesadas. En Brasil se está discutiendo abiertamente una ley civil contraria al enfoque que se había adoptado en lo previo para hacer reformas legales. Si bien los sectores conservadores participan del debate, las mujeres y los grupos defensores de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transgénero no han formado parte de las conversaciones. La falta de participación de actores de la sociedad civil que trabajan en el área de los derechos sexuales, los derechos de las mujeres y los de niños y niñas en los procesos de formulación y toma de decisiones puede terminar en decisiones que no solo no protegen, sino que provoquen un daño aún mayor.

Derecho a la información, reunión y libertad de expresión

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por su sigla en inglés) establece que todos y todas tenemos derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y brindar información e ideas de todo tipo, a través de cualquier medio que se elija. Pero en varios países del mundo no se respeta este derecho a la libertad de expresión. El ICCPR incluye referencias precisas y limitadas a las circunstancias en que se puede restringir la libertad de expresión, pero en varios países, el ámbito de dichas limitaciones se amplía de manera injusta, incluso casos de difamación que se utilizan para cercenar el discurso y como demostración del poder del Estado. A menudo se imponen restricciones injustificadas a la libertad de expresión de la prensa, de grupos e individuos específicos sobre la base de conceptos morales y tradicionales sobre órdenes jerárquicos de género y sexualidad.

Hoy, espacios en línea tales como los sitios web de las redes sociales (Twitter, Facebook, Orkut), los blogs y las carteleras web o los grupos de discusión forman parte de la esfera pública. Las redes sociales en línea se han vuelto cada vez más espacios documentación, disenso, protesta y organización. Por ejemplo, en India se usó Facebook para la popular campaña Pink Chaddi en febrero de 2009, con el fin de sensibilizar y movilizar acciones contra el ataque a mujeres en espacios públicos, con el argumento de su atractivo o su presencia en bares. Sin embargo, ni el estado ni las empresas privadas están aprovechando el uso de esos espacios como algo importante para el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación o libertad de expresión de la ciudadanía.

Estos espacios públicos en línea son nebulosos y no cuentan con una protección legal adecuada, y los individuos tampoco los utilizan. En el caso de la campaña Pink Chaddi, cuando la administradora de la misma se quejó a Facebook de que el grupo recibía ataques de hackers, Facebook inhabilitó su cuenta y el acceso del grupo. La complicidad de las empresas multinacionales como Facebook, Google o PSI como Airtel y otras con el Estado, sobre todo en los países en desarrollo, ha llevado a un incremento del arresto de personas por sus comentarios y envíos a los espacios de las redes sociales. El arresto de hombres gays en India que utilizaron el sitio web guys4men.com para organizar una reunión en enero de 2006 es un ejemplo.

El acceso a la información es la otra cara de la moneda. Cuando se restringe el acceso a ciertos contenidos, las personas que pueden beneficiarse de los mismos pueden verse dañadas, o incluso en peligro. A menudo, las restricciones afectan sobre todo a quienes ya están deslegitimados/as. Por ejemplo, la investigación EROTICS de Estados Unidos muestra que el incremento de filtros impuestos por el gobierno limita aún más la posibilidad de acceso a la información de las personas menos privilegiadas, como los y las jóvenes pobres que dependen de las bibliotecas públicas para acceder a internet.

Derecho a la privacidad

El concepto de privacidad es complejo en varias dimensiones. En su sentido más directo, se puede definir como el derecho del individuo a ser dejado en paz, a tener un espacio personal libre de intervención, intrusión e intentos de control estatal. En una sociedad en red, la privacidad es importante también en relación a la capacidad para ejercer control y tomar decisiones sobre información y datos privados. Los datos personales constituyen la identidad de una persona y, en la era digital, también son parte de la encarnación de una persona. En otras palabras, la expresión, la representación y la acción que se trasmiten e intercambian en línea también constituyen parte del “ser”. Por ejemplo, si una persona toma una fotografía de su pareja en un acto de intimidad sexual y luego la coloca en otro espacio sin permiso expreso para ello, cambia el contexto y la productividad del encuentro. Se trata de una violación, no solo del derecho a la privacidad de esa persona, sino también de su integridad y dignidad corporal. Así, la responsabilidad y el poder de tomar decisiones acerca de qué hacer con la individualidad de una persona no se puede relegar a ningún otro cuerpo, como el estado (mediante regulaciones) o cualquier entidad privada (a través de contratos, o soluciones técnicas). La capacidad de controlar esos datos personales, así como el derecho a una protección y reparación adecuadas en el caso de una violación son aspectos importantes del derecho a la privacidad.

En la mayoría de los países, la legislación existente en relación al derecho a la privacidad es inadecuada para lidiar con los asuntos y las complejidades relativas a las nuevas tecnologías en desarrollo. En algunos países en desarrollo, este problema se agudiza por el hecho de que la protección de la privacidad es un área relativamente nueva de los derechos de ciudadanía, mientras a la vez, el gobierno está ampliando rápidamente el uso de herramientas de gobierno electrónico que pueden limitar la privacidad y la libertad, como ocurre con los carnés biométricos de identidad nacional que pueden llegar a restringir gravemente la privacidad de los individuos.

En muchas instancias, la misma práctica de sostener la privacidad de los individuos se le deja a las empresas. Las firmas que proveen servicios como las redes sociales se encuentran sobre todo en los países del Norte globalizado, mientras que los usuarios y usuarias se sitúan en todas partes del mundo. Las normas de privacidad de la empresa constituyen la única salvaguarda, ya que la posibilidad de lidiar con cada individuo es limitada, especialmente si esos miembros no están en el Norte. Estas normas suelen cambiarse sin consulta ni respeto hacia los derechos, ya que la responsabilidad de las empresas frente a sus usuarios/as es aún menor que la del Estado ante su ciudadanía.

La sumatoria de datos es un claro ejemplo de la evolución de tecnologías de maneras que pueden implicar una violación al derecho de privacidad no solo por parte de los gobiernos, sino también por actores no estatales. Actualmente, como bien se sabe, se pueden conocer las preferencias y el perfil de las personas a partir de su actividad en línea, para luego venderlos a empresas u otros interesados/as, lo que constituye claramente una violación al derecho a la privacidad. A pesar de dar a conocer información privada en forma voluntaria, las personas tienen una expectativa legítima de privacidad, aún en la esfera pública. Las investigaciones muestran que cuando se suman los datos de varios usuarios y usuarias en una base común, se puede obtener más información que a partir de registros individuales. La sumatoria de datos sólo se puede limitar si la legislación reconoce la integridad contextual de la información y prohíbe el intercambio y la sumatoria de información sin consentimiento.

Género y sexualidad en el epicentro del debate actual sobre regulación

A menudo, lo que hay en el centro del debate público en torno de la necesidad de limitar el derecho a la libertad de expresión, información y privacidad en internet es una serie de inquietudes sobre género y sexualidad. En muchos contextos diferentes, la preservación de normas y órdenes de género se utiliza como pretexto para movilizar a los actores estatales y no estatales a exigir restricciones en el acceso a internet, junto con el control y la eliminación de contenidos específicos que se consideran contrarios a los valores tradicionales, sobre todo cuando se refieren a la familia y el rol de las mujeres. La sexualidad es un ámbito de la vida que se vuelve central cuando se discuten propuestas de regulación de intenet desde la perspectiva del derecho penal. El FGI, a pesar de la relativa apertura de su organización y la aceptación de múltiples voces, no tiene un historial brillante en cuanto a las cuestiones relativas a la sexualidad e internet. En este foro de debate político, la sexualidad estuvo enmarcada más bien como una cuestión de derechos negativos, en lugar de positivos – sobre todo desde la perspectiva de la necesidad de incrementar la regulación debido a la pornografía, la protección infantil y los contenidos dañinos. Temas como la salud, la educación y la igualdad sexual, por ejemplo, rara vez se plantean como dimensiones políticas de la gobernanza de internet.

Tanto en el mundo virtual como en el no virtual ocurren graves violaciones a los derechos humanos en relación a la sexualidad – violación, abuso sexual de menores o tráfico de personas con propósitos sexuales – y hay que resolver el problema mediante reconocimiento formal, prevención y reparación. Sin embargo, en el paisaje actual relativo a los delitos sexuales, la pornografía infantil en línea en particular ha ganado gran visibilidad en el mundo entero y en muchos contextos se ha convertido en el principal argumento a favor de una reforma legal. También en el FGI, el debate sobre la protección infantil dominó las discusiones sobre regulación de contenidos y la dimensión social de la seguridad en internet. Si bien es clave reconocer, prevenir y reparar estas graves violaciones, es necesario tener cautela en relación a las medidas legales y de otro tipo porque pueden ser fácilmente manipuladas por actores estatales y no estatales como pretexto para infringir derechos fundamentales de los usuarios y usuarias.

Se han propuesto nuevas leyes para resolver la inquietud presente ante la pornografía infantil en línea. Se apunta a limitar el alcance de la legislación sobre obscenidad, enfoques de derecho penal en relación a la regulación de internet, incorporando a veces un amplio abanico de medidas de vigilancia, como la retención indebida e injustificada de datos. Bajo ciertas condiciones, esto puede llevar a violaciones tanto de la libertad de expresión, como del derecho a la privacidad. El énfasis creciente en los delitos sexuales en internet y la atención que le presta el estado a este asunto también produce una interpretación predominante de los derechos humanos en relación a la sexualidad que queda confinada a situaciones de abuso y violencia, y tiende a borrar las posibilidades de entender e implementar los derechos sexuales como libertad, agencia y disfrute. Más aún, las violaciones y delitos sexuales tienen mucha presencia en el imaginario colectivo, a diferencia del escaso valor que se le asigna a las dimensiones positivas de dichos derechos. Por ejemplo, en Brasil, aunque las iniciativas de identificación y restricción de la pornografía infantil en línea se llevan a cabo junto con la aplicación de medidas para erradicar los delitos raciales, las voces que denuncian casos de abuso sexual infantil son geométricamente mayores que las que denuncian casos de homofobia, lo que reduce la libertad individual de expresión sexual.

Una respuesta centrada solamente en la forma más problemática de los contenidon que circulan en línea puede tener el impacto de restringir otras formas de intercambio de la información y las imágenes sexuales que pueden habilitar la acción política y el bienestar individual. Por ejemplo, según informó GLAAD en 1999, muchos sistemas de filtrado contienen términos

como “homosexual”, “travesti” y “lesbiana”. Hace poco, la iniciativa OpenNet testeó el dispositivo de búsqueda Microsoft Bing y reveló que filtra una amplia gama de contenidos relativos al sexo incluyendo palabras como “anal” y terminología relacionada con gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero en los países árabes. Microsoft Bing fue blanco de protestas por deshabilitar los resultados de la palabra “sexo” en India. Como lo demuestra la investigación EROTICS en Estados Unidos, la regulación que legisla los contenidos de internet ofrece resultados desparejos cuando se confía en las tecnologías de filtrado - el tipo de contenido que se puede conseguir depende del tipo de software que se use y del juicio de las personas que implementan el sistema. También le da libertad de acción al Estado y a las autoridades internacionales para formular una legislación lo suficientemente amplia como para tener enorme control sobre las actividades de los individuos. Es más, en muchos contextos, los esfuerzos altamente visibles de investigación y castigo del abuso sexual de menores por internet y la regulación de contenidos y prácticas de internet no van necesariamente acompañados de una atención similar a la prevención y erradicación del abuso en el mundo real.

Las leyes de protección infantil desconocen el rol y las libertades fundamentales de los padres y madres respecto de sus hijos e hijas, o la autonomía limitada y frágil de los propios niños y niñas (Convención sobre los derechos infantiles), que suele incapacitar más que desarrollar la capacidad infantil de salir al mundo. La pornografía infantil y el seguimiento de niños y niñas por parte de adultos en los espacios en línea son temas graves que las nuevas leyes, enfocadas en la ampliación de la retención de datos por parte de los PSI y la invasión a la privacidad de los individuos utilizando legislación sobre ciberdelitos.

Esta es un área particularmente compleja del debate político y legal que requiere que todos los actores involucrados reconozcan que los derechos competentes deben estar siempre bien equilibrados, con el compromiso de respetar la integridad e indivisibilidad de los derechos humanos para todos y todas. Esto incluye el equilibrio entre los derechos de niños y niñas a que los protejan de prácticas y contenidos dañinos, y el derecho a la libertad de expresión de individuos y grupos, y el balance entre el derecho a la privacidad y la vida con la dignidad de las personas cuya sexualidad difiere de las normas hegemónicas. Las medidas legales y políticas que apuntan a impedir y contradecir el abuso sexual en la web deben combinarse coherente y sistemáticamente con la educación de niños y niñas, adolescentes y adultos a cargo en el contexto de los derechos humanos en general y los derechos sexuales en particular, y cómo negociar interacciones y espacios virtuales y reales desde un marco de seguridad.

Deben tener en cuenta el papel y las libertades fundamentales de padres y madres en el desarrollo de sus hijos e hijas, y reconocer críticamente y respetar la capacidad de desarrollo de niños y niñas para adquirir conocimiento, capacidad y entendimiento – incluso el ejercicio de la autonomía y la toma de decisiones sobre sus derechos y cómo realizarlos de la mejor manera posible. Tal como se establece en la Convención sobre los derechos de la infancia: "El Estado respetará los derechos y deberes de los padres, madres o de otras personas encargadas legalmente del niño/a de darle orientación y apoyo para que pueda ejercitar los derechos reconocidos en la Convención” (Artículo 5).

Preparado por el Programa de apoyo a las redes de mujeres (PARM) de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, Alternative Law Forum y socios del proyecto EROTICS de APC .