Transparencia y rendición de cuentas: encontrar puntos de acuerdo después de la campaña #fbrape

En mayo, una coalición de organizaciones de mujeres lideró una campaña (1) que exigió cuentas a Facebook por su política de contenidos. En particular, cómo la empresa encara el discurso de odio (2) y las manifestaciones de violencia de género que comparten sus usuarios/as. En respuesta, algunos/as activistas de la libertad de expresión expresaron su preocupación y sus críticas (3) por el precedente (4) que establecen las demandas de que Facebook elimine el contenido de odio de su sitio. Esto ha estimulado el debate sobre el discurso de odio (5) de género (6), la interdependencia de los derechos humanos (7), y el impacto de la cultura sexista en línea (8).

El debate sobre cómo equilibrar (9) la libertad de expresión (10) con el derecho a la protección contra la incitación a la discriminación (11) está siendo constantemente redefinido en el contexto de las nuevas tecnologías y realidades políticas. En tanto los/as líderes en el campo de la tecnología luchan por hacer cumplir los lineamientos comunitarios respecto de la libertad de expresión (12), las amenazas de violación (13) acallan a las voces de las mujeres en los espacios en línea; mientras (14) que un video intolerante de YouTube (15) creado en los Estados Unidos ha exacerbado la censura en Pakistán, con un proceso judicial en curso (16).

A pesar de este debate hay suficiente espacio para llegar a un acuerdo sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas sobre la forma en que Facebook y otros intermediarios de internet encaran los contenidos abusivos y los pedidos de retirada. Diversos tipos de activistas han destacado este punto, incluyendo al Relator Especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión, que en su informe anual (17) de 2011 recomendó a los intermediarios de internet

“…a revelar detalles sobre las solicitudes de retirada de contenidos y [establecer] condiciones de servicio claras e inequívocas de conformidad con las normas y principios internacionales en materia de derechos humanos y que examinen de forma permanente la repercusión de sus servicios y tecnologías en el derecho de sus usuarios a la libertad de expresión, así como en los posibles escollos derivados de su uso indebido.” (18)

Estas recomendaciones se alinean con los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos (19), que incluye un enfoque específico sobre la necesidad de aumentar el acceso de las víctimas a un recurso efectivo, tanto judicial como extrajudicial. Actualmente, el Instituto de Derechos Humanos y Empresas (IHRB), en consulta con las diversas partes interesadas (20), desarrolla una Orientación para el Sector de las TIC en base a los Principios rectores de la ONU, y recomienda:

• implementar procedimientos de emergencia que señalen cuándo están en juego los impactos negativos sobre los derechos humanos;

• formalizar un rol de supervisión, asesoramiento y de resolución de problemas tipo ONG como parte de los procesos del mecanismo, y

• establecer una mayor previsibilidad y transparencia en torno a cómo se resuelven las quejas, incluso a través de períodos de tiempo determinados, procesos de “apelación” o solicitudes de revisión, y el compromiso con los/as usuarios/as.

Como se discutió durante la campaña #fbrape, existen obstáculos significativos para la retirada de contenidos de Facebook que violan claramente los derechos humanos. Fotos robadas o mal utilizadas (21), que violan el derecho a la privacidad, sólo se pueden quitar si la persona retratada (de más de 13 años de edad) (22) presenta una solicitud y si esa persona vive en un país con leyes de privacidad que requieran la eliminación de fotos no autorizadas. Incluso si se cumplen todos los requisitos, no hay plazos indicativos para recibir una respuesta, y según sugieren informes no oficiales los tiempos de espera son largos (23). Facebook podría reducir los efectos adversos de estas violaciones mediante una señalización de emergencia, junto con procedimientos transparentes, de conformidad con las normas de derechos humanos. En lugar de depender de las leyes de privacidad locales, Facebook debería evaluar cambiar sus términos de servicio a fin de que estos respeten los estándares de privacidad y libertad de expresión que establecen las normas de derechos humanos a nivel internacional.

Al considerar cómo responder al discurso de odio, existen diversas oportunidades para intervenir más allá de la retirada de contenidos. Incluso en los casos en que un juez dictamina que el contenido califica como discurso de odio, el proceso puede ser largo y puede no abordar el impacto subyacente. Crear un espacio moderado dentro de Facebook para que los/as usuarios/as discutan y opinen sobre contenidos abusivos sería una oportunidad muy necesaria para que las víctimas de los abusos puedan hablar y ser escuchadas en la comunidad más amplia de la plataforma. Este tipo de compromiso con los/as usuarios/as es un componente importante de la rendición de cuentas y la transparencia de los intermediarios de internet. En agosto de 2012, durante un debate del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (24), un representante de Minority Rights Group International declaró que:

“…los grupos vulnerables a menudo sienten menos indignación frente a ejemplos aislados de incitación al odio que cuando se les niega la oportunidad de denunciar y ser escuchados al intentar contrarrestar declaraciones que según ellos constituyen expresiones de odio.”

La semana pasada se filtraron documentos secretos que revelan actividades generalizadas de vigilancia y recopilación de datos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos, llevadas a cabo sin supervisión judicial. En respuesta, los grupos de la sociedad civil de todo el mundo se unieron para emitir declaraciones conjuntas (25) que piden (26) una mayor transparencia (27) tanto de los estados (27) como de las empresas privadas (28).

Se necesita esta misma claridad y visión compartida para avanzar en medio de la creciente tensión sobre la manera de responder al discurso de odio en línea. La transparencia que es esencial para proteger nuestro derecho fundamental a la privacidad también es crucial para proteger los derechos de las mujeres y evitar la censura.