Inclusión, derechos humanos, género y desarrollo en la regulación de internet para la región

El día 26 de agosto de 2013, previo al comienzo de la Reunión preparatoria de América Latina para el Foro de gobernanza de internet, un grupo de organizaciones (Access, Asociación por los Derechos Civiles, AGEIA DENSI, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y Derechos Digitales) convocaron al "Taller sobre derechos humanos y gobernanza de internet en América Latina y el Caribe" destinado a miembros de la sociedad civil que trabajan en temas de derechos en internet. En dicho taller se realizó el panel "Inclusión, derechos humanos, género y desarrollo en la regulación de internet para la región", donde diversos/as panelistas hablaron sobre las variables mencionadas y su relación con la regulación de internet en la región, entre ellos/as Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. A continuación disponibilizamos sus reflexiones compartidas en el panel.

El panel se proponía ofrecer algunas reflexiones iniciales al siguiente interrogante: cómo impactan los temas debatidos habitualmente entre los actores interesados en la gobernanza de internet, tales como la libertad de expresión, la neutralidad y accesibilidad de la red, en relación con ciertos colectivos específicos y, en particular, en términos de género. En ese sentido, teniendo en cuenta la particular naturaleza de internet, sus actores y sus desafíos, parece interesante también pensar en las estrategias recomendables para abordar estos temas, considerando las distintas vías de acción disponibles.

En esta breve presentación me interesa ofrecer algunas reflexiones iniciales desde una perspectiva feminista, que no buscan más que esbozar a grandes rasgos algunas de las tensiones que se presentan entre la protección de la libertad de expresión, por un lado, y la preocupación por proteger la integridad de los derechos de las mujeres, por el otro. En ese ejercicio, me propongo también pensar qué aspectos es conveniente tener en cuenta al pensar en los desafíos que se enfrentan y qué estrategias podrían ser las más adecuadas para abordarlos.

Si pensamos en los discursos y contenidos que se promueven y propagan desde internet como herramienta desde una perspectiva de género, en particular concentrándonos en la problemática de la violencia contra las mujeres, hay al menos dos grandes áreas de interés para la reflexión.

En primer lugar, cuál es la imagen de las mujeres que promueven los medios de comunicación en general e internet en particular en tanto herramienta de difusión de contenidos. Desde este punto de vista, interesa analizar y preguntarse sobre el discurso que se propaga desde internet en tanto contribuye a la consolidación de una cultura que cosifica a las mujeres, las reduce a objetos sexualizados y de consumo. Al mismo tiempo, se trata de un discurso que contribuye a la construcción de las subjetividades de las mujeres y de las niñas que crecen a la sombra de esa proyección sobre lo que las mujeres son, somos o debemos ser.

En segundo lugar y al mismo tiempo como una derivación de lo anterior, interesa reflexionar cuál es el papel que juega internet (también los medios de comunicación en un sentido más amplio) en relación con las distintas formas de violencia contra las mujeres. Las obligaciones que los estados de la región de América Latina y el Caribe han contraído con la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), entre otros instrumentos internacionales y nacionales, incluyen la obligación de adoptar las medidas necesarias para remover los patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.

Los discursos que contiene la web y los contenidos que por medio de esa herramienta se difunden, pueden tener un claro impacto en relación con distintas formas de violencia contra las mujeres en al menos dos planos distintos: un plano general o indeterminado y un plano concreto o individual.

En el plano general, un discurso misógino y de odio genera un daño a la sociedad en su conjunto al lesionar los valores de igualdad a los que adscribimos, pero también hacia un colectivo indeterminado de mujeres cuya valoración social se ve afectada por ese discurso discriminador. Por otro lado, en un plano ya individual hay formas de vulneración de la imagen e individualidad de una mujer concreta al recurrir a internet para la propagación de distintas formas de violencia explícitas hacia mujeres determinadas. En este segundo supuesto hay una lesión concreta y específica a una mujer en particular.

Las situaciones que hemos esbozado brevemente pueden tener en común la herramienta, pero obedecen a formas de acción distintas que merecen respuestas diferenciadas. Pero, en todos los casos, nos llevan a otras preguntas que pueden ser relevantes para el análisis que deseamos proponer. La pregunta entonces ya no es solamente cómo se usa la herramienta de internet sino también quiénes tienen acceso a esa herramienta para pensar quienes son los actores que están proponiendo contenidos y rebatiéndolos, con la expectativa de enriquecer los debates públicos con información diversa. Una perspectiva feminista de investigación de los usuarios y la penetración de la tecnología en la sociedad se pregunta no solamente cual es el porcentaje de la población general con acceso a la conexión de internet (como hemos visto que se ha indagado en la región) sino más específicamente cuántas de esas personas son mujeres y varones, de qué edades, en qué contextos urbanos o rurales, de qué etnias, con qué nivel de estudios y qué religiones. Las feministas nos hemos acostumbrado a mirar las particularidades detrás de los grandes promedios nacionales que muchas veces no permiten iluminar suficientemente las diferencias (de género, pero también muchas otras) al interior de una sociedad. En la medida en que acordamos con la idea de que hay que responder al discurso con más discurso, en lugar de suscribir a las ideas de silenciar las palabras, entonces es de suma relevancia asegurar la pluralidad de voces, en condiciones de igualdad.

Finalmente, nos enfrentamos a la posibilidad de pensar en alguna forma de regulación de lo que sucede en internet para pensar en mecanismos que permitan abordar algunos de los problemas que se plantean desde una perspectiva de género, tanto por los problemas generales que hemos identificado como por la necesidad de dar respuesta a situaciones de vulneración de derechos sobre personas determinadas.

Al pensar en la posibilidad de una regulación hay un tema previo que puede parecer instrumental pero que, la experiencia nos ha enseñado, tiene un efecto directo en los resultados que buscamos: cuál es el procedimiento de discusión pública de las normas y de las políticas. Cuando se plantea la regulación de un determinado problema social, ¿a partir de qué información empírica se establece un diagnóstico de la situación a la que se desea responder? ¿Qué actores participan de la discusión? ¿En el marco de qué reglas, con qué tiempos, qué recursos? ¿Con qué garantías acerca de la consideración seria y sustantiva de las diversas propuestas que se presentan? Demasiado a menudo, nos encontramos frente a “simulacros de participación”, donde se permite la intervención de algunos actores sociales (o algunas organizaciones) en un proceso que generalmente parece demasiado apurado y definido por otros tiempos que no son necesariamente los que demanda una consideración plena del problema. Lamentablemente, esto redunda en una menor transparencia de todo el proceso y lleva a dificultades de implementación y baja efectividad de las normas y de las políticas. (1)

Considerar la posibilidad de alguna forma de regulación de internet requiere pensar en las normas adecuadas para abordar el problema que se enfrenta. Definitivamente, esto no implica pensar en una norma de carácter penal que generalmente es un instrumento poco eficaz para afrontar problemas de esta naturaleza. Antes bien, es imprescindible considerar las alternativas regulatorias de naturaleza administrativa y civil.

En las experiencias de monitoreo de ciertos contenidos en la web, alternativas como la Plataforma por una Internet Libre de Discriminación (2), iniciada por el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) muestran ejemplos interesantes en términos de maneras de visibilizar la problemáticas que se presentan y las consecuencias que tienen sobre las vidas de las personas que involucran. Además, permiten canalizar algunas formas de intervención como la denuncia de contenidos violentos o discriminatorios con un respaldo institucional. No se trata de una política ampliamente difundida, pero que merece ser analizada, financiada adecuadamente y apoyada entre las estrategias que contribuyen a modificar una cultura de discriminación. Finalmente, de eso se trata el desafío que tenemos por delante.