Este artículo presenta y compara la información brindada por cuatro informes nacionales de México, Brasil, Argentina y Colombia que llevó a cabo el Programa de apoyo a las redes de mujeres (PARM) de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) en el marco del proyecto “Fortalecer el uso estratégico de las TIC por parte de las mujeres para combatir la violencia hacia las mujeres y las niñas”. A pesar de que la región latinoamericana presenta muchas desigualdades y aún tiene mucho por realizar para lograr que las mujeres alcancen una participación y apropiación plena en los entornos digitales, es posible analizar muchas cuestiones desde un mismo punto de vista para entender las problemáticas, plantear los desafíos y alcanzar soluciones que brinden más libertad a las mujeres y niñas en América Latina.
¿Por qué es importante hablar de TIC y violencia contra las mujeres?
El entrecruzamiento de estas dos temáticas puede ser pensado como una nueva oportunidad para visibilizar situaciones de riesgo en que viven mujeres y niñas, empoderarlas para que hagan valer sus derechos ante situaciones de violencia, exclusión y discriminación y promover políticas públicas que garanticen su bienestar, rechazando de manera efectiva las diferentes formas de violencia hacia ellas.
Estos objetivos no son nuevos. Desde hace décadas existen movimientos y organizaciones de mujeres que vienen trabajando muy duro para hacer valer los derechos de las mujeres y las niñas en una sociedad que parece no evolucionar en ciertos aspectos. La oportunidad que las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) ofrecen a esta cruzada está dada por cómo estas múltiples herramientas pueden colaborar para construir significados y subjetividades que visibilicen o invisibilicen sus derechos y los medios para poder ejercerlos. Esta incidencia puede ser muy positiva al ofrecer canales de comunicación, interacción y desarrollo de redes de ayuda donde las mujeres víctimas de violencia pueden participar para buscar asesoramiento y apoyo. El teléfono móvil, por ejemplo, es una de las TIC que más se ha extendido en los últimos años en todos los estratos socioeconómicos de la región latinoamericana y, por lo tanto, representa los dos polos con los que solemos encontrarnos al analizar el uso de las TIC en temas de violencia.
Por un lado, es una excelente herramienta para que las mujeres puedan defenderse e informarse ante actos violentos. En este sentido, puede ser muy útil para aquellas mujeres que viven en condiciones de aislamiento o que no tienen formas de informarse y asesorarse. Los canales de chat son un entorno seguro para que grupos marginalizados puedan conectarse y buscar formas de autorepresentación fuera de los cánones tradicionales.
Sin embargo, por otro lado, dependiendo del uso que se les de a las TIC, estas herramientas pueden ser muy negativas, profundizando las situaciones abusivas, exacerbando la inequidad que viven las mujeres en diversos aspectos de la vida (familiar, laboral, cívica, etc) y generando nuevas situaciones de violencia. Por ejemplo, los teléfonos móviles suelen ser usados como GPS por maridos violentos para rastrear a sus mujeres y las salas de chat transformadas en centros de reclutamiento para esclavitud sexual o acciones de pedófilos. No es casual que los teléfonos celulares sean los primeros artefactos en ser destruidos por la pareja violenta así como también la forma de control y vigilancia permanente sobre la mujer para saber dónde, con quién y en qué estado está. De no responder instantáneamente como el hombre espera, devine la violencia, de acuerdo con los testimonios de muchas sobrevivientes argentinas. En Colombia, los teléfonos celulares son comúnmente utilizados para contactar y promocionar niñas y mujeres para el turismo sexual y la prostitución, utilizándolos para concretar las citas, los precios, los lugares y todos los demás detalles necesarios para esta transacción comercial con el cuerpo de las mujeres. En Brasil, los teléfonos celulares también han sido utilizados para poner e práctica acciones de bullying, que vendrían a ser humillaciones y/o maltratos físicos o psicológicos perpetrados entre iguales (alumnos, parejas, etc), que puede ser llevado a entornos virtuales, donde adquiere el nombre de cyberbullying.
También es necesario tomar en cuenta la construcción, difusión y permanencia de estereotipos de “mujeres objeto”, construidos al servicio de una ideología patriarcal que ejerce violencia simbólica por la distorsión que genera. Uno de los temas más controvertidos y tolerados por el público en general es el de la imagen estereotipada de la mujer en publicidades, tanto en la televisión como en gráfica y mediante las TIC. “El uso del cuerpo de la mujer continúa sosteniendo simbolizaciones derivadas de la diferencia sexual – según el informe de Argentina -, para colocar a las mujeres como objeto de consumo, justificando de este modo la violencia simbólica ejercida por la cultura machista y patriarcal aún vigente en el país”.
En América Latina los índices de violencia contra las mujeres, las niñas y los niños son altísimos. Se incluye en ellos abuso físico, psíquico, emocional, sexual, ambiental, económico e institucional de diversa índole, así como también contra otros en condiciones más vulnerables como los ancianos dependientes y las personas con necesidades especiales. Dicha violencia es avalada por acción u omisión por estructuras arcaicas, patriarcales y autoritarias que se reproducen y adaptan a las nuevas realidades sociales. Si bien afectan a miles de mujeres y niñas en la región, se sabe que el número real de casos es muy superior al que reflejan ciertas estadísticas y los casos que llegan a ser denunciados.
La falta de denuncia y, por ende, la falta de estadísticas se debe a varias razones: muchas mujeres desconocen sus derechos; muchas de ellas no saben qué hechos pueden denunciar y a dónde; que cuando lo hacen o intentan hacerlo, quien debe tomar la denuncia – policía, juzgados, etc - no lo haga; que luego de realizar la denuncia, todo se trabe en la instancia legal; que la persona denunciante sea mal asesorada - por ejemplo, que en el juzgado le pidan testigos del hecho violento contra su persona, lo que es contrario a la ley. Todo esto colabora con la invisibilización de la violencia contra las mujeres y la falta de estadísticas refleja la violencia institucional contra los derechos de las mujeres. En Argentina y México no se han recibido muchas denuncias de casos de violencia contra las mujeres utilizando las TIC pero en algunos casos que se hicieron públicos se constataron casos de jovencitas que habían sido contactadas vía mensajería instantánea o Facebook antes de desaparecer.
Los estudios que intentan hacer confluir la violencia contra las mujeres y las tic son muy recientes y continúan en su fase exploratoria. es necesario que se analice el tema desde diferentes aristas para que las mujeres y niñas logren comprender mejor cómo hacer valer sus derechos.
Sobre el proyecto
Con el apoyo del fondo MDG3, el Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres (PARM) de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) lanzó el proyecto “Fortalecer el uso estratégico de las TIC por parte de las mujeres para combatir la violencia hacia las mujeres y las ninas”. Esta iniciativa busca promover la participación de las mujeres en entornos digitales, donde las tic ofrezcan la promesa de una mayor libertad sin descuidar cuestiones fundacionales de privacidad y seguridad. para lograr que el uso de las TIC ayude a reducir la violencia contra mujeres y niñas, las acciones están direccionadas a desarrollar nuevas habilidades y conocimiento para la defensa individual y de la comunidad.
En una primera fase del proyecto se encomendaron estudios nacionales para identificar intersecciones entre TIC y violencia contra las mujeres en 12 países de tres diferentes regiones: Asia (Malasia, Filipinas, Camboya y Pakistán); África (República Democrática del Congo, Congo, Sudáfrica y Uganda); y América Latina (México, Colombia, Brasil y Argentina).
Hablando de derechos…
El problema de la violencia contra las mujeres ingresó al temario de los organismos internacionales hace pocas décadas. el siguiente punteo muestra algunos hitos claves del debate:
1985: en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) se tomó el tema de la violencia contra las mujeres y el mismo año el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptaba una recomendación similar.
1986: la 23ª Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó el análisis de la violencia que afectaba a las mujeres y aprobó un plan de acción. en diciembre de ese año, en Viena, un grupo de expertos publicó un documento de recomendaciones a escala internacional, nacional y regional.
1990: en el 8º Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana, Cuba), se tomaron las recomendaciones de 1985 y se encomendó al Departamento de Justicia de Canadá la confección de un manual para quienes trabajaban en el campo de la violencia doméstica.
1991: en la Conferencia Interparlamentaria de Pyongyang se adoptó por unanimidad la recomendación acerca de las políticas para eliminar la violencia contra los niños y las mujeres.
1992: durante el 1º Seminario Subregional sobre Violencia contra la Mujer, organizado por el Programa Mujer, Salud y Desarrollo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Managua, se definió la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública.
1993: la violencia contra las mujeres fue reconocida como una violación a los derechos humanos a través del artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW) (3) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. los cuatro países latinoamericanos analizados a continuación – Argentina, Brasil, Colombia y México - firmaron el protocolo facultativo de dicha declaración.
1995: la Plataforma de Acción de Beijing (PAB), discutida y redactada en su versión final en la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, China) plasma todo lo logrado en conferencias y tratados anteriores sobre violencia contra las mujeres y la define como una de las doce esferas de especial preocupación que deben ser objeto de particular hincapié por parte de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil. también incorpora al debate el lugar que ocupan las mujeres en el mundo de las TIC.
Con la llegada de las TIC, fue necesario redefinir lo que en 1981 el Informe MacBride articuló como derecho a comunicar, dado que estas herramientas ofrecen una nueva gama de posibilidades y circunstancias que deben ser exploradas y confrontadas en la práctica. En la actualidad, con la incorporación de internet, los medios inalámbricos y la irrupción de monopolios multimedia, “los derechos a la comunicación van más allá de la mera libertad de opinión y expresión, e incluyen áreas como la gobernanza democrática de los medios de comunicación, la participación en la propia cultura, los derechos lingüísticos, el derecho a disfrutar de los productos de la creatividad humana, a la educación, a la privacidad, a la reunión pacífica y a la autodeterminación. Estas son cuestiones de inclusión y exclusión, de calidad y accesibilidad. Para decirlo brevemente, son cuestiones de dignidad humana” (CRIS Campaign, 2005-16).
Es importante entender que la comunicación no es sólo difusión de información sino que fundamentalmente es un acto de interrelación personal que posibilita la construcción social. De esta manera llegamos a entender que la comunicación es un acto político. Aquí es importante entender que internet o los teléfonos celulares por sí mismos no representan una “cuestión política”, dado que la herramienta por sí misma es neutral – presentando sí ciertas limitaciones materiales que sugieren ciertos usos y toleran desviaciones de acuerdo a las diferentes apropiaciones (Davidziuk, 2007) - y que la “acción política” deriva de la potencialidad, el uso y la apropiación misma que se haga o permita hacer de estos dispositivos.
En este sentido, se puede afirmar que la inclusión de la sección “J” (4) en la Plataforma de Acción de Beijing fue una de las mayores conquistas de las mujeres en este ámbito. Según Dafne Sabanes Plou (2008) fue el logro de un lobby importante desarrollado por mujeres periodistas y comunicadoras, que puso sobre la mesa de discusiones cuestiones de poder entre los géneros que continúan alimentando prejuicios y estereotipos culturalmente construidos sobre la imagen de las mujeres, su rol en la sociedad y las expectativas, respecto del cumplimiento de los mandatos tradicionales en una sociedad que continúa construida sobre el patriarcado, mandatos que siguen considerando al campo de la tecnología, incluido el de las TIC, como un territorio masculino donde pareciera que hay que pedir permiso para participar y donde todavía las mujeres tienen que luchar por ser incluidas en las discusiones que marcan las políticas a seguir en estos desarrollos.
Un avance reciente fue el establecimiento de una cláusula en el Compromiso de San Salvador donde se dispuso “crear un grupo de trabajo regional, con el fin de facilitar el intercambio de experiencias y visiones de distintos actores sociales sobre la relación entre género y TIC, que favorezca la elaboración de propuestas destinadas a desarrollar iniciativas de TIC con enfoque de género, a niveles regionales y nacionales, y que oriente la inclusión de la perspectiva de género como un eje transversal en la implementación del eLAC2010” (eLAC, 2008).
Desde el enfoque de los derechos humanos podemos analizar ambos temas en cuestión - el uso de lãs TIC y la violencia contra las mujeres - dado que de una manera amplia y generalizada, se tiende a aceptar que los derechos humanos son inherentes a la persona y, más aún, que derivan precisamente de su condición humana. sin embargo, “los temas relativos a la comunicación son raramente discutidos en el contexto de los derechos humanos, contexto que puede brindar un sentido específico al proceso político y tener impacto sobre éste.” (Cris campaign, 2005-10) y a las cuestiones de género, más que nada cuando se intenta demostrar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres, mujeres y transgénero, parecen no bastarles el enfoque de derechos humanos y corresponderles mejor el orden jerárquico de las sociedades tradicionales (donde sólo un puñado tiene privilegios y el resto queda subordinado a su mandato). según Denise Riley “las mujeres han tenido que transitar de su condición de mujeres a la de seres humanos, para tener acceso a algunos derechos” (Torres Falcón, 2009).
Manos a la obra
Miradas desde Argentina, Brasil, Colombia y México
En general en los países latinoamericanos estudiados no existe legislación ni política pública que relacione explícitamente el tema de violencia contra las mujeres y la comunicación y/o TIC. La intersección entre estos dos planos de derechos es formalmente nula y existen muchas barreras (tanto institucionales como culturales) que es necesario derribar para que las TIC puedan tener el éxito buscado para disminuir la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo y gracias al trabajo incansable de muchas organizaciones y el movimiento de mujeres, se vislumbran avances que deben subrayarse para caminar hacia un real empoderamiento de las mujeres latinoamericanas.
Coincidencias y desbalances entre países
1- Escasas estadísticas oficiales
El primer dato importante a ser subrayado, que se deriva del entrecruzamiento de los informes nacionales de México, Brasil, Argentina y Colombia, es la escasa cantidad de estadísticas desagregadas por género que existen en los sitios web oficiales de dichos países. En general los estudios nacionales están basados en datos proporcionados por medios periodísticos, encuestadoras privadas y/o trabajos de investigación.
En el caso de Argentina, más allá del descrédito institucional con el que cuenta, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no ofrece información sobre violencia contra las mujeres ni el uso de las TIC desagregada por género. Para el estudio de Colombia se utilizaron datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), adscripto a la Fiscalía General de la Nación, para suministrar datos sobre violencia contra las mujeres y niñas. en cuanto a TIC, Colombia presenta datos desagregados por sexo únicamente en la cantidad de usuarios de internet, suministrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En Brasil, el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), organismo oficial de encuestas del país, presenta datos generales de población, de proporción de sexos, de alfabetización, de esperanza de vida y de PIB per cápita. El movimiento nacional por los derechos humanos ofrece por su parte datos de homicidios por violencia doméstica (el 70% de los homicidios son de mujeres). Respecto de las TIC, las fuentes que proveen estadísticas son estudios y sondeos realizados por universidades, el Comité Gestor de Internet en Brasil y fuentes privadas. El informe sobre México presenta estadísticas oficiales sobre violencia contra las mujeres obtenidas a través de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esta constante escasez de información oficial plantea la necesidad de desarrollar una mirada regional al haber encontrado en cuatro países de América Latina muchas similitudes tanto en los logros como en los desafíos y también en las problemáticas más agudas. Es por ello que es importante tener en cuenta canales de información puntuales. Uno de ellos es el Observatorio de la Violencia de Gênero (5), lanzado por la organización no gubernamental española Fundación Mujeres en 2005, donde existe una sección sobre América Latina donde se publican noticias, opiniones, informes y una base de datos que recoge proyectos y experiencias prácticas que han dado buenos resultados en las diferentes modalidades de intervención en violencia de género (sensibilización, prevención, detección o recuperación del daño).
2- Legislación adversa
En los países analizados de la región, tanto la legislación referente a la violencia contra las mujeres como su implementación, sea por canales judiciales o por la fuerzas de seguridad (en su mayoría el cuerpo policial) muestran las aristas más adversas. Que las leyes estén en vigencia no garantizan la correcta implementación por parte de los actores sociales correspondiente. Esto es un factor común en los diferentes países.
Por otro lado, es necesaria más difusión y debate entre los grupos interesados sobre temas legales específicos que son cruciales para las mujeres que viven o son propensas a vivir situaciones de violencia. Por ejemplo, conocer los límites de libertad de expresión ante la necesidad de proteger a mujeres y niñas de los pedófilos y de la pornografía; también el derecho a la privacidad ante el uso desautorizado de imágenes de mujeres. Estos temas suelen dejarse en manos de especialistas o abogados sin ser discutidos o reelaborados para que las mujeres y niñas sepan cómo proteger sus derechos.
En Colombia el primer acto legislativo frente a la violencia contra las mujeres fue la Ley 294 de 1996 (como continuación del Art. 42 de la Constitución Nacional), conteniendo normas de prevención y sanción contra la violencia doméstica. Sin embargo, en el año 2000 mediante la Ley 575, se traspasó dicha jurisdicción de los despachos judiciales a las Comisarías de Familia (poco numerosas en el país) y a las Inspecciones de Policía que no tienen facultades judiciales. En 2004 el retroceso fue aún mayor con la Ley 882 – mejor conocida como la “Ley de los ojos morados” - que excluyó a la violencia sexual de los delitos cometidos entre cónyuges y dejó a la violencia doméstica como un problema individual o de la intimidad de la pareja, en el que el estado no tiene ingerencia alguna. Finalmente, en los últimos años se pusieron en funcionamiento tres disposiciones que favorecieron la situación de las mujeres: la Ley 1098 de 2006 obliga a todas las dependencias municipales a implementar y fortalecer las Comisarías de Familia; la Ley 1142 de 2007 excluyó la violencia intrafamiliar de los delitos que exigen querella de parte; y la Ley 1257 de 2008 expande la definición de violencia contra las mujeres a los aspectos físico, sexual, psicológico, económico y patrimonial. El mismo año, la Corte de dicho país reconoció mediante la sentencia T-025 los riesgos e impactos diferenciales y desproporcionados que tiene el conflicto armado en las mujeres.
En 1994 en Argentina la Reforma Constitucional abrió posibilidades en materia de derechos para las mujeres al proponer que se armonizaran los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico. La legislación internacional ratificada era la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena (1949), la Convención de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o CEDAW (1979), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer adoptada por Asamblea General de Naciones Unidas (1993), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida como la Convención de Belém do Pará (1994), el Protocolo CEDAW (1999) y la Convención Internacional de Palermo contra la Delincuencia Internacional (2000). La legislación nacional tuvo su primera ley de protección contra la violencia familiar en 1994 con la Nº 24.417. En 2009 se sancionó la Ley 26.485 de protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones personales pero todavía no está reglamentada, por lo cual todavía no se está implementando.
En Brasil, luego de la Convención de Belém do Pará en 1994 y la ratificación de la Convención y el Protocolo de CEDAW en 2006, entró en vigencia la Ley Nacional María da Penha, que promueve el derecho de las mujeres y sus dependientes a vivir sin violencia.
En México, la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia entró en vigor el 1° de febrero de 2007. Su importancia radica en que establece los lineamientos jurídicos y administrativos para los tres niveles del estado y las tres órdenes de gobierno - federal, estatal y municipal - y que obliga al estado a garantizar la seguridad e integridad de las víctimas. Esto retrotrae a décadas de luchas de los grupos feministas que lograron llevar hechos de violencia extrema, como la violación, a la agenda pública. En enero de 1984, las feministas lograron la reforma al artículo 265 del Código Penal, por medio de la cuál el violador no podrá a partir de ese momento obtener la libertad bajo la caución al aumentarse la pena, a la vez que se aumentó el castigo de 6 a 8 años de prisión. En 1996 se aprobó la Ley de asistencia y prevención de la violencia familiar en el Distrito Federal y la aplicación de las reformas penales y civiles en los códigos correspondientes, que permitieron la creación de la constitución del primer albergue de mujeres maltratadas. Su implementación contempló recursos y modelos para asistir y prevenir la violencia familiar a través de las 16 Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar en las Delegaciones (UAPVIF). En 2007, UNIFEM e INEGI publicaron “Delitos contra las mujeres” donde se analizan los contenidos de los 121 delitos contra las mujeres comprendidos en los códigos penales de 31 estados, en el Código Penal del Distrito Federal, así como en el Código Penal Federal y en 34 leyes federales.
3- Políticas de TIC sin perspectiva de género
Colombia, Brasil y, más recientemente, Argentina cuentan con políticas de estado (llamadas agendas de conectividad, agenda digital, etc) que establecen los lineamientos en materia de nuevas tecnologías y telecomunicaciones. En México, la Comisión Especial de Promoción del Acceso Digital a los mexicanos, conformada a finales de 2006 en la Cámara de Diputados ha venido haciendo esfuerzos por construir una iniciativa de ley condensada con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para promover el uso de nuevas tecnologías; sin embargo, esta iniciativa de ley actualmente se encuentra parada en el Senado de la República.
En cuanto a las políticas nacionales destinadas a promover el acceso, uso y apropiación de las TIC, no hay país en América Latina que haya implementado aún una clara perspectiva de género ni contemple formas de controlar la violencia contra las mujeres.
En Colombia, ningún programa o proyecto de TIC (a saber el Plan Nacional de TIC - sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 -, el Programa de Telecomunicaciones Sociales del Ministerio de Comunicaciones, el programa de Computadores para Educar, la Agenda de Conectividad y el proyecto de Gobierno en Línea, entre otros) incluye un enfoque de género explícito por más que en todos se habla de inclusión, equidad e igualdad.
4- Herramientas para violentar
Las TIC poseen usos positivos como los planteados hasta ahora pero también hay usos negativos que es necesario identificar para prevención y denuncia. Entre ellos están:
- Uso de celulares e internet para contactar y promocionar niñas y mujeres que están envueltas en el turismo sexual y la prostitución: a través de estos medios se establecen criterios, condiciones y fechas para el comercio sexual, tratando a las mujeres como una mercancía.
- Las TIC también son utilizadas para establecer contacto con intermediarios o proxenetas que usan las redes sociales (como Facebook) para promocionar o vender fotos de mujeres y niñas y posteriormente establecer condiciones, sitios, horas, etc. del encuentro.
- Internet es protagonista em cuanto a la trata de personas: a través de este medio se realizan ofertas para atraer a las mujeres que consisten en anuncios para realizar trabajos, estudiar o trabajar, la mayoría de las veces en el exterior, con ganancias altas.
- Los celulares son usados como medio de control o seguimiento de las mujeres, amenazando o violando su derecho a la privacidad.
- Por medio de la mensajería instantánea y los mensajes de texto (SMS) se publicitan servicios de venta de productos de pornografía o eróticos. Esto llega a cualquier persona que tenga un celular, sin tener en cuenta la edad. en forma similar, en los medios de difusión - especialmente la televisión y los espacios gráficos publicitarios - la imagen de la mujer es cosificada como objeto sexual. Se ejerce violencia simbólica para vender productos y se venden parámetros estéticos inalcanzables para el uso del otro masculino, que conducen a la frustración, la depresión y la ansiedad. Dichas consecuencias movilizan el mercado de la estética, la moda, la medicina, la psicología, los medicamentos y sus alrededores.
- A través del correo electrónico y la mensajería instantánea se realiza la localización y captación de menores en estado de vulnerabilidad por parte de adultos que se hacen pasar por adolescentes que buscan conocer amigos. De esta manera logran citar a los adolescentes en algún lugar y cometer los abusos de manera individual o grupalmente.
Es necesario generar nuevos medios que ayuden a deconstruir lo aprendido y a construir otros canales de información a la medida de cada una. Las cifras actuales deben ser modificadas: en México, el 67% de las mujeres mayores de 15 años han vivido algún tipo de violencia ya sea en el ámbito familiar, escolar o laboral. En el transcurso del año 2005 se registraron 2.159 fallecimientos de mujeres por violencia familiar, cifra que superó a los fallecimientos por el crimen organizado, que para el mismo año fue de 1776 a nivel nacional.
No sólo se trata de aprovechar la hipercomunicación tecnológica, las herramientas multimediales y el hecho de poder ser protagonistas en generar la “noticia” sino también de fortalecer aquellos lazos de empoderamiento que generan las redes de mujeres y otros grupos que trabajan para romper las celdas en las que está casi el 70% de la humanidad con su mayor pandemia: la depresión por soledad, el sentimiento de pérdida de ideales, la discriminación encubierta y directa, y la falta de oportunidades para lo que no cumple los cánones de mercado.
También es importante tener en cuenta el escaso acceso a las TIC que muchas mujeres tienen en América Latina. Esta brecha de género no se debe únicamente a un tipo de impedimento económico ya que existen muchos puntos de acceso a internet a muy bajo costo (por ejemplo, en telecentros, infocentros, etc). Existen otros motivos que de alguna manera alejan o mantienen a las mujeres alejadas de las nuevas tecnologías y, dependiendo de factores culturales y de que se trate de entornos urbanos o rurales, estos pueden variar considerablemente: desconocimiento de cómo las TIC pueden afectar su vida; falta de tiempo; falta de conocimiento técnico para operar una máquina; temor al ridículo o a la condena social; impedimento de ciertos tipos de conectividad; contenido que no responde a sus intereses y necesidades, entre otros.
5- Herramientas para construir
Los cuatro países abordados en este informe tienen en común el uso de las TIC para promoción y difusión de campañas y movilizaciones, asesoramiento de lugares y horarios de atención de instituciones para víctimas de violencia y la utilización de líneas telefónicas gratuitas especializadas.
En México las tres líneas telefónicas nacionales (Servicio de Atención Telefónica de FEVIM, la línea Vida sin violencia Inmujeres y la Línea Telefónica de Atención a la Violencia Familiar insertada en el Sistema de emergencias 066 de la Secretaría de Seguridad Pública) constituyen mecanismos de atención para casos de emergencia concretos que incluyan violencia física, psicológica y sexual, abuso de menores y demás acciones características de la violencia.
Por su parte en Brasil se brindan más servicios en linea, a través del sitio web de la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer que ha creado una red de atención específica. También existe un servicio telefónico gratuito de alcance nacional para la denuncia y obtención de asesoramiento llamado Ligue 180.
En otros países de la región también se difunden listados y fotografías de hombres violentos sentenciados por violencia de género (Perú) y se utiliza la radio por internet para difundir los derechos de las mujeres como en Costa Rica.
Otra modalidad es el uso de sitios web donde se ofrece información de servicios, lugares y horarios de asistencia a las víctimas, además de información de campañas y movilizaciones. Pero esto es, si se quiere, un uso estático de las mismas. No hay un uso dinámico donde se establezca un vínculo más allá de la información - como por ejemplo si lo sería en el caso de que se pudieran realizar denuncias - ni se vinculan diferentes organismos o instituciones entre sí. Esto que tratándose de TIC sería de sencilla resolución y protegería a las víctimas, necesita de voluntad política para convertirse en realidad.
También las redes sociales del tipo de Twitter o Facebook han sido utilizadas ampliamente para difundir campañas contra la violencia hacia las mujeres. En el informe de Brasil se informa que las nuevas herramientas de la denominada web 2.0 se han implementado para alentar la participación en movilizaciones, difusión de materiales y firma de petitorios. en otros países todavía no se cuenta con información al respecto como para poder hacer comparaciones.
Es importante tener en cuenta lo fundamental que es la privacidad, no sólo porque las personas tienen derecho a guardar privacidad sobre sus vidas sino también para protegerlas de sus victimarios que las acechan permanentemente, a ellas y a todas las personas que intenten retirarlas del aislamiento al cual ellos las someten.
Consideraciones finales
Es sabido y reconocido el trabajo incansable que las organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas han venido haciendo para erradicar la violencia contra las mujeres y en la incorporación de todos los medios para la promoción y difusión de sus derechos, inclusive la incorporación paulatina y en muchos lugares incipiente de las TIC.
Sin embargo, es esencial entender que la violencia de género es un asunto público y por ello los poderes públicos de los diferentes países deben intervenir dando respuestas y legislando para que miles de mujeres dejen de sufrir y morir injustamente. Esta intervención necesariamente debe implementarse a través de todos los medios y canales existentes en la sociedad. Los hechos que día a día tienen lugar en los países de la región nos demuestran que la violencia contra las mujeres, sus mecanismos y repercusiones, se han vuelto cada vez más sofisticados pero no así las leyes, su reglamentación y su implementación. Como se ha comprobado en otros ámbitos, las TIC no ofrecen una solución mágica a estos flagelos pero sí pueden brindar y/o complementar de una forma creativa su prevención y denuncia.
La tarea no es fácil y todas las mujeres saben que la lucha no ha terminado, por lo tanto es importante continuar la promoción de debates abiertos que hagan visible y sensibilicen a la opinión pública sobre esta problemática en toda la región.
Es necesario generar nuevos medios que ayuden a deconstruir la indefensión aprendida y los conceptos arcaicos tomados incuestionablemente para pensar, diseñar y poner en práctica otros canales de información a la medida de cada una, de la mujer que cada una es y aprendió a ser de acuerdo al entorno que la rodea.
Notas
(1) Lic. en Psicología (Universidad de Buenos Aires), especialista en violencia familiar (Universidad de Buenos Aires) y psicóloga clínica cognitiva, especialista en trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad (centro de terapia cognitiva). Hace más de 5 años trabaja brindando atención psicoterapéutica en problemáticas vinculadas con sus especialidades. Durante 4 años integró el cuerpo de profesionales de Área de Protección de Derechos de Niños, Niñas y sus Familias, Programa Municipal de Violencia Doméstica, Atención de Víctimas y Sobrevivientes, con quienes capacitaban en violencia familiar con visión interdisciplinaria y de género para la comunidad (hospital y centros de salud, médicos, policía, directores, inspectores y maestras de escuelas de todos los niveles).
(2) Lic. en Comunicación Social (Universidad de Buenos Aires), M.A. en Relaciones Internacionales, The New School (USA) y Candidata a Doctora en Ciencias Sociales de IDES-UNGS (Argentina). Durante los últimos 10 años, ha desarrollado sus dos profesiones de periodista e investigadora social en diferentes proyectos sobre procesos comunicacionales, pobreza, impactos de nuevas tecnologías y políticas públicas. En la actualidad, trabaja en cooperación internacional para MENON Network (proyecto WINDS-Caribe) y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (proyectos PRO-IDEAL, CoopAIR, Ideal-Ist y ABEST).
(3) La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de 1993 fue el primer instrumento internacional de derechos humanos para tratar exclusivamente la cuestión de violencia contra las mujeres, entendida como “todo acto de violencia basado en el pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. (DAW-UN, 2009)
(4) El objetivo estratégico J.1. de la PAB establece: “Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, así como en las nuevas tecnologías de comunicación”. Y entre las medidas a adoptarse, postula: “Estimular y reconocer las redes de comunicación de mujeres, entre ellas las redes electrónicas y otras nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, como medio para la difusión de información y el intercambio de ideas, incluso en el plano internacional, y brindar apoyo a los grupos de mujeres que participan en todos los ámbitos de los medios de difusión y de los sistemas de comunicación a ese efecto; Alentar la utilización de los sistemas de comunicación, incluidas las nuevas tecnologías, como medio de fortalecer la participación de la mujer en los procesos democráticos”. (Sabanes Plou, 2008)
(5) La sección de América Latina del Observatorio de la Violencia de Género está disponible en http://www.observatorioviolencia.org/categorias.php?id=9
Referencias
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¿Por qué es importante hablar de TIC y violencia contra las mujeres?
El entrecruzamiento de estas dos temáticas puede ser pensado como una nueva oportunidad para visibilizar situaciones de riesgo en que viven mujeres y niñas, empoderarlas para que hagan valer sus derechos ante situaciones de violencia, exclusión y discriminación y promover políticas públicas que garanticen su bienestar, rechazando de manera efectiva las diferentes formas de violencia hacia ellas.
Estos objetivos no son nuevos. Desde hace décadas existen movimientos y organizaciones de mujeres que vienen trabajando muy duro para hacer valer los derechos de las mujeres y las niñas en una sociedad que parece no evolucionar en ciertos aspectos. La oportunidad que las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) ofrecen a esta cruzada está dada por cómo estas múltiples herramientas pueden colaborar para construir significados y subjetividades que visibilicen o invisibilicen sus derechos y los medios para poder ejercerlos. Esta incidencia puede ser muy positiva al ofrecer canales de comunicación, interacción y desarrollo de redes de ayuda donde las mujeres víctimas de violencia pueden participar para buscar asesoramiento y apoyo. El teléfono móvil, por ejemplo, es una de las TIC que más se ha extendido en los últimos años en todos los estratos socioeconómicos de la región latinoamericana y, por lo tanto, representa los dos polos con los que solemos encontrarnos al analizar el uso de las TIC en temas de violencia.
Por un lado, es una excelente herramienta para que las mujeres puedan defenderse e informarse ante actos violentos. En este sentido, puede ser muy útil para aquellas mujeres que viven en condiciones de aislamiento o que no tienen formas de informarse y asesorarse. Los canales de chat son un entorno seguro para que grupos marginalizados puedan conectarse y buscar formas de autorepresentación fuera de los cánones tradicionales.
Sin embargo, por otro lado, dependiendo del uso que se les de a las TIC, estas herramientas pueden ser muy negativas, profundizando las situaciones abusivas, exacerbando la inequidad que viven las mujeres en diversos aspectos de la vida (familiar, laboral, cívica, etc) y generando nuevas situaciones de violencia. Por ejemplo, los teléfonos móviles suelen ser usados como GPS por maridos violentos para rastrear a sus mujeres y las salas de chat transformadas en centros de reclutamiento para esclavitud sexual o acciones de pedófilos. No es casual que los teléfonos celulares sean los primeros artefactos en ser destruidos por la pareja violenta así como también la forma de control y vigilancia permanente sobre la mujer para saber dónde, con quién y en qué estado está. De no responder instantáneamente como el hombre espera, devine la violencia, de acuerdo con los testimonios de muchas sobrevivientes argentinas. En Colombia, los teléfonos celulares son comúnmente utilizados para contactar y promocionar niñas y mujeres para el turismo sexual y la prostitución, utilizándolos para concretar las citas, los precios, los lugares y todos los demás detalles necesarios para esta transacción comercial con el cuerpo de las mujeres. En Brasil, los teléfonos celulares también han sido utilizados para poner e práctica acciones de bullying, que vendrían a ser humillaciones y/o maltratos físicos o psicológicos perpetrados entre iguales (alumnos, parejas, etc), que puede ser llevado a entornos virtuales, donde adquiere el nombre de cyberbullying.
También es necesario tomar en cuenta la construcción, difusión y permanencia de estereotipos de “mujeres objeto”, construidos al servicio de una ideología patriarcal que ejerce violencia simbólica por la distorsión que genera. Uno de los temas más controvertidos y tolerados por el público en general es el de la imagen estereotipada de la mujer en publicidades, tanto en la televisión como en gráfica y mediante las TIC. “El uso del cuerpo de la mujer continúa sosteniendo simbolizaciones derivadas de la diferencia sexual – según el informe de Argentina -, para colocar a las mujeres como objeto de consumo, justificando de este modo la violencia simbólica ejercida por la cultura machista y patriarcal aún vigente en el país”.
En América Latina los índices de violencia contra las mujeres, las niñas y los niños son altísimos. Se incluye en ellos abuso físico, psíquico, emocional, sexual, ambiental, económico e institucional de diversa índole, así como también contra otros en condiciones más vulnerables como los ancianos dependientes y las personas con necesidades especiales. Dicha violencia es avalada por acción u omisión por estructuras arcaicas, patriarcales y autoritarias que se reproducen y adaptan a las nuevas realidades sociales. Si bien afectan a miles de mujeres y niñas en la región, se sabe que el número real de casos es muy superior al que reflejan ciertas estadísticas y los casos que llegan a ser denunciados.
La falta de denuncia y, por ende, la falta de estadísticas se debe a varias razones: muchas mujeres desconocen sus derechos; muchas de ellas no saben qué hechos pueden denunciar y a dónde; que cuando lo hacen o intentan hacerlo, quien debe tomar la denuncia – policía, juzgados, etc - no lo haga; que luego de realizar la denuncia, todo se trabe en la instancia legal; que la persona denunciante sea mal asesorada - por ejemplo, que en el juzgado le pidan testigos del hecho violento contra su persona, lo que es contrario a la ley. Todo esto colabora con la invisibilización de la violencia contra las mujeres y la falta de estadísticas refleja la violencia institucional contra los derechos de las mujeres. En Argentina y México no se han recibido muchas denuncias de casos de violencia contra las mujeres utilizando las TIC pero en algunos casos que se hicieron públicos se constataron casos de jovencitas que habían sido contactadas vía mensajería instantánea o Facebook antes de desaparecer.
Los estudios que intentan hacer confluir la violencia contra las mujeres y las tic son muy recientes y continúan en su fase exploratoria. es necesario que se analice el tema desde diferentes aristas para que las mujeres y niñas logren comprender mejor cómo hacer valer sus derechos.
Sobre el proyecto
Con el apoyo del fondo MDG3, el Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres (PARM) de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) lanzó el proyecto “Fortalecer el uso estratégico de las TIC por parte de las mujeres para combatir la violencia hacia las mujeres y las ninas”. Esta iniciativa busca promover la participación de las mujeres en entornos digitales, donde las tic ofrezcan la promesa de una mayor libertad sin descuidar cuestiones fundacionales de privacidad y seguridad. para lograr que el uso de las TIC ayude a reducir la violencia contra mujeres y niñas, las acciones están direccionadas a desarrollar nuevas habilidades y conocimiento para la defensa individual y de la comunidad.
En una primera fase del proyecto se encomendaron estudios nacionales para identificar intersecciones entre TIC y violencia contra las mujeres en 12 países de tres diferentes regiones: Asia (Malasia, Filipinas, Camboya y Pakistán); África (República Democrática del Congo, Congo, Sudáfrica y Uganda); y América Latina (México, Colombia, Brasil y Argentina).
Hablando de derechos…
El problema de la violencia contra las mujeres ingresó al temario de los organismos internacionales hace pocas décadas. el siguiente punteo muestra algunos hitos claves del debate:
1985: en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) se tomó el tema de la violencia contra las mujeres y el mismo año el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptaba una recomendación similar.
1986: la 23ª Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó el análisis de la violencia que afectaba a las mujeres y aprobó un plan de acción. en diciembre de ese año, en Viena, un grupo de expertos publicó un documento de recomendaciones a escala internacional, nacional y regional.
1990: en el 8º Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana, Cuba), se tomaron las recomendaciones de 1985 y se encomendó al Departamento de Justicia de Canadá la confección de un manual para quienes trabajaban en el campo de la violencia doméstica.
1991: en la Conferencia Interparlamentaria de Pyongyang se adoptó por unanimidad la recomendación acerca de las políticas para eliminar la violencia contra los niños y las mujeres.
1992: durante el 1º Seminario Subregional sobre Violencia contra la Mujer, organizado por el Programa Mujer, Salud y Desarrollo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Managua, se definió la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública.
1993: la violencia contra las mujeres fue reconocida como una violación a los derechos humanos a través del artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW) (3) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. los cuatro países latinoamericanos analizados a continuación – Argentina, Brasil, Colombia y México - firmaron el protocolo facultativo de dicha declaración.
1995: la Plataforma de Acción de Beijing (PAB), discutida y redactada en su versión final en la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, China) plasma todo lo logrado en conferencias y tratados anteriores sobre violencia contra las mujeres y la define como una de las doce esferas de especial preocupación que deben ser objeto de particular hincapié por parte de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil. también incorpora al debate el lugar que ocupan las mujeres en el mundo de las TIC.
Con la llegada de las TIC, fue necesario redefinir lo que en 1981 el Informe MacBride articuló como derecho a comunicar, dado que estas herramientas ofrecen una nueva gama de posibilidades y circunstancias que deben ser exploradas y confrontadas en la práctica. En la actualidad, con la incorporación de internet, los medios inalámbricos y la irrupción de monopolios multimedia, “los derechos a la comunicación van más allá de la mera libertad de opinión y expresión, e incluyen áreas como la gobernanza democrática de los medios de comunicación, la participación en la propia cultura, los derechos lingüísticos, el derecho a disfrutar de los productos de la creatividad humana, a la educación, a la privacidad, a la reunión pacífica y a la autodeterminación. Estas son cuestiones de inclusión y exclusión, de calidad y accesibilidad. Para decirlo brevemente, son cuestiones de dignidad humana” (CRIS Campaign, 2005-16).
Es importante entender que la comunicación no es sólo difusión de información sino que fundamentalmente es un acto de interrelación personal que posibilita la construcción social. De esta manera llegamos a entender que la comunicación es un acto político. Aquí es importante entender que internet o los teléfonos celulares por sí mismos no representan una “cuestión política”, dado que la herramienta por sí misma es neutral – presentando sí ciertas limitaciones materiales que sugieren ciertos usos y toleran desviaciones de acuerdo a las diferentes apropiaciones (Davidziuk, 2007) - y que la “acción política” deriva de la potencialidad, el uso y la apropiación misma que se haga o permita hacer de estos dispositivos.
En este sentido, se puede afirmar que la inclusión de la sección “J” (4) en la Plataforma de Acción de Beijing fue una de las mayores conquistas de las mujeres en este ámbito. Según Dafne Sabanes Plou (2008) fue el logro de un lobby importante desarrollado por mujeres periodistas y comunicadoras, que puso sobre la mesa de discusiones cuestiones de poder entre los géneros que continúan alimentando prejuicios y estereotipos culturalmente construidos sobre la imagen de las mujeres, su rol en la sociedad y las expectativas, respecto del cumplimiento de los mandatos tradicionales en una sociedad que continúa construida sobre el patriarcado, mandatos que siguen considerando al campo de la tecnología, incluido el de las TIC, como un territorio masculino donde pareciera que hay que pedir permiso para participar y donde todavía las mujeres tienen que luchar por ser incluidas en las discusiones que marcan las políticas a seguir en estos desarrollos.
Un avance reciente fue el establecimiento de una cláusula en el Compromiso de San Salvador donde se dispuso “crear un grupo de trabajo regional, con el fin de facilitar el intercambio de experiencias y visiones de distintos actores sociales sobre la relación entre género y TIC, que favorezca la elaboración de propuestas destinadas a desarrollar iniciativas de TIC con enfoque de género, a niveles regionales y nacionales, y que oriente la inclusión de la perspectiva de género como un eje transversal en la implementación del eLAC2010” (eLAC, 2008).
Desde el enfoque de los derechos humanos podemos analizar ambos temas en cuestión - el uso de lãs TIC y la violencia contra las mujeres - dado que de una manera amplia y generalizada, se tiende a aceptar que los derechos humanos son inherentes a la persona y, más aún, que derivan precisamente de su condición humana. sin embargo, “los temas relativos a la comunicación son raramente discutidos en el contexto de los derechos humanos, contexto que puede brindar un sentido específico al proceso político y tener impacto sobre éste.” (Cris campaign, 2005-10) y a las cuestiones de género, más que nada cuando se intenta demostrar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres, mujeres y transgénero, parecen no bastarles el enfoque de derechos humanos y corresponderles mejor el orden jerárquico de las sociedades tradicionales (donde sólo un puñado tiene privilegios y el resto queda subordinado a su mandato). según Denise Riley “las mujeres han tenido que transitar de su condición de mujeres a la de seres humanos, para tener acceso a algunos derechos” (Torres Falcón, 2009).
Manos a la obra
Miradas desde Argentina, Brasil, Colombia y México
En general en los países latinoamericanos estudiados no existe legislación ni política pública que relacione explícitamente el tema de violencia contra las mujeres y la comunicación y/o TIC. La intersección entre estos dos planos de derechos es formalmente nula y existen muchas barreras (tanto institucionales como culturales) que es necesario derribar para que las TIC puedan tener el éxito buscado para disminuir la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo y gracias al trabajo incansable de muchas organizaciones y el movimiento de mujeres, se vislumbran avances que deben subrayarse para caminar hacia un real empoderamiento de las mujeres latinoamericanas.
Coincidencias y desbalances entre países
1- Escasas estadísticas oficiales
El primer dato importante a ser subrayado, que se deriva del entrecruzamiento de los informes nacionales de México, Brasil, Argentina y Colombia, es la escasa cantidad de estadísticas desagregadas por género que existen en los sitios web oficiales de dichos países. En general los estudios nacionales están basados en datos proporcionados por medios periodísticos, encuestadoras privadas y/o trabajos de investigación.
En el caso de Argentina, más allá del descrédito institucional con el que cuenta, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no ofrece información sobre violencia contra las mujeres ni el uso de las TIC desagregada por género. Para el estudio de Colombia se utilizaron datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), adscripto a la Fiscalía General de la Nación, para suministrar datos sobre violencia contra las mujeres y niñas. en cuanto a TIC, Colombia presenta datos desagregados por sexo únicamente en la cantidad de usuarios de internet, suministrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En Brasil, el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), organismo oficial de encuestas del país, presenta datos generales de población, de proporción de sexos, de alfabetización, de esperanza de vida y de PIB per cápita. El movimiento nacional por los derechos humanos ofrece por su parte datos de homicidios por violencia doméstica (el 70% de los homicidios son de mujeres). Respecto de las TIC, las fuentes que proveen estadísticas son estudios y sondeos realizados por universidades, el Comité Gestor de Internet en Brasil y fuentes privadas. El informe sobre México presenta estadísticas oficiales sobre violencia contra las mujeres obtenidas a través de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esta constante escasez de información oficial plantea la necesidad de desarrollar una mirada regional al haber encontrado en cuatro países de América Latina muchas similitudes tanto en los logros como en los desafíos y también en las problemáticas más agudas. Es por ello que es importante tener en cuenta canales de información puntuales. Uno de ellos es el Observatorio de la Violencia de Gênero (5), lanzado por la organización no gubernamental española Fundación Mujeres en 2005, donde existe una sección sobre América Latina donde se publican noticias, opiniones, informes y una base de datos que recoge proyectos y experiencias prácticas que han dado buenos resultados en las diferentes modalidades de intervención en violencia de género (sensibilización, prevención, detección o recuperación del daño).
2- Legislación adversa
En los países analizados de la región, tanto la legislación referente a la violencia contra las mujeres como su implementación, sea por canales judiciales o por la fuerzas de seguridad (en su mayoría el cuerpo policial) muestran las aristas más adversas. Que las leyes estén en vigencia no garantizan la correcta implementación por parte de los actores sociales correspondiente. Esto es un factor común en los diferentes países.
Por otro lado, es necesaria más difusión y debate entre los grupos interesados sobre temas legales específicos que son cruciales para las mujeres que viven o son propensas a vivir situaciones de violencia. Por ejemplo, conocer los límites de libertad de expresión ante la necesidad de proteger a mujeres y niñas de los pedófilos y de la pornografía; también el derecho a la privacidad ante el uso desautorizado de imágenes de mujeres. Estos temas suelen dejarse en manos de especialistas o abogados sin ser discutidos o reelaborados para que las mujeres y niñas sepan cómo proteger sus derechos.
En Colombia el primer acto legislativo frente a la violencia contra las mujeres fue la Ley 294 de 1996 (como continuación del Art. 42 de la Constitución Nacional), conteniendo normas de prevención y sanción contra la violencia doméstica. Sin embargo, en el año 2000 mediante la Ley 575, se traspasó dicha jurisdicción de los despachos judiciales a las Comisarías de Familia (poco numerosas en el país) y a las Inspecciones de Policía que no tienen facultades judiciales. En 2004 el retroceso fue aún mayor con la Ley 882 – mejor conocida como la “Ley de los ojos morados” - que excluyó a la violencia sexual de los delitos cometidos entre cónyuges y dejó a la violencia doméstica como un problema individual o de la intimidad de la pareja, en el que el estado no tiene ingerencia alguna. Finalmente, en los últimos años se pusieron en funcionamiento tres disposiciones que favorecieron la situación de las mujeres: la Ley 1098 de 2006 obliga a todas las dependencias municipales a implementar y fortalecer las Comisarías de Familia; la Ley 1142 de 2007 excluyó la violencia intrafamiliar de los delitos que exigen querella de parte; y la Ley 1257 de 2008 expande la definición de violencia contra las mujeres a los aspectos físico, sexual, psicológico, económico y patrimonial. El mismo año, la Corte de dicho país reconoció mediante la sentencia T-025 los riesgos e impactos diferenciales y desproporcionados que tiene el conflicto armado en las mujeres.
En 1994 en Argentina la Reforma Constitucional abrió posibilidades en materia de derechos para las mujeres al proponer que se armonizaran los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico. La legislación internacional ratificada era la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena (1949), la Convención de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o CEDAW (1979), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer adoptada por Asamblea General de Naciones Unidas (1993), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida como la Convención de Belém do Pará (1994), el Protocolo CEDAW (1999) y la Convención Internacional de Palermo contra la Delincuencia Internacional (2000). La legislación nacional tuvo su primera ley de protección contra la violencia familiar en 1994 con la Nº 24.417. En 2009 se sancionó la Ley 26.485 de protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones personales pero todavía no está reglamentada, por lo cual todavía no se está implementando.
En Brasil, luego de la Convención de Belém do Pará en 1994 y la ratificación de la Convención y el Protocolo de CEDAW en 2006, entró en vigencia la Ley Nacional María da Penha, que promueve el derecho de las mujeres y sus dependientes a vivir sin violencia.
En México, la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia entró en vigor el 1° de febrero de 2007. Su importancia radica en que establece los lineamientos jurídicos y administrativos para los tres niveles del estado y las tres órdenes de gobierno - federal, estatal y municipal - y que obliga al estado a garantizar la seguridad e integridad de las víctimas. Esto retrotrae a décadas de luchas de los grupos feministas que lograron llevar hechos de violencia extrema, como la violación, a la agenda pública. En enero de 1984, las feministas lograron la reforma al artículo 265 del Código Penal, por medio de la cuál el violador no podrá a partir de ese momento obtener la libertad bajo la caución al aumentarse la pena, a la vez que se aumentó el castigo de 6 a 8 años de prisión. En 1996 se aprobó la Ley de asistencia y prevención de la violencia familiar en el Distrito Federal y la aplicación de las reformas penales y civiles en los códigos correspondientes, que permitieron la creación de la constitución del primer albergue de mujeres maltratadas. Su implementación contempló recursos y modelos para asistir y prevenir la violencia familiar a través de las 16 Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar en las Delegaciones (UAPVIF). En 2007, UNIFEM e INEGI publicaron “Delitos contra las mujeres” donde se analizan los contenidos de los 121 delitos contra las mujeres comprendidos en los códigos penales de 31 estados, en el Código Penal del Distrito Federal, así como en el Código Penal Federal y en 34 leyes federales.
3- Políticas de TIC sin perspectiva de género
Colombia, Brasil y, más recientemente, Argentina cuentan con políticas de estado (llamadas agendas de conectividad, agenda digital, etc) que establecen los lineamientos en materia de nuevas tecnologías y telecomunicaciones. En México, la Comisión Especial de Promoción del Acceso Digital a los mexicanos, conformada a finales de 2006 en la Cámara de Diputados ha venido haciendo esfuerzos por construir una iniciativa de ley condensada con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para promover el uso de nuevas tecnologías; sin embargo, esta iniciativa de ley actualmente se encuentra parada en el Senado de la República.
En cuanto a las políticas nacionales destinadas a promover el acceso, uso y apropiación de las TIC, no hay país en América Latina que haya implementado aún una clara perspectiva de género ni contemple formas de controlar la violencia contra las mujeres.
En Colombia, ningún programa o proyecto de TIC (a saber el Plan Nacional de TIC - sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 -, el Programa de Telecomunicaciones Sociales del Ministerio de Comunicaciones, el programa de Computadores para Educar, la Agenda de Conectividad y el proyecto de Gobierno en Línea, entre otros) incluye un enfoque de género explícito por más que en todos se habla de inclusión, equidad e igualdad.
4- Herramientas para violentar
Las TIC poseen usos positivos como los planteados hasta ahora pero también hay usos negativos que es necesario identificar para prevención y denuncia. Entre ellos están:
- Uso de celulares e internet para contactar y promocionar niñas y mujeres que están envueltas en el turismo sexual y la prostitución: a través de estos medios se establecen criterios, condiciones y fechas para el comercio sexual, tratando a las mujeres como una mercancía.
- Las TIC también son utilizadas para establecer contacto con intermediarios o proxenetas que usan las redes sociales (como Facebook) para promocionar o vender fotos de mujeres y niñas y posteriormente establecer condiciones, sitios, horas, etc. del encuentro.
- Internet es protagonista em cuanto a la trata de personas: a través de este medio se realizan ofertas para atraer a las mujeres que consisten en anuncios para realizar trabajos, estudiar o trabajar, la mayoría de las veces en el exterior, con ganancias altas.
- Los celulares son usados como medio de control o seguimiento de las mujeres, amenazando o violando su derecho a la privacidad.
- Por medio de la mensajería instantánea y los mensajes de texto (SMS) se publicitan servicios de venta de productos de pornografía o eróticos. Esto llega a cualquier persona que tenga un celular, sin tener en cuenta la edad. en forma similar, en los medios de difusión - especialmente la televisión y los espacios gráficos publicitarios - la imagen de la mujer es cosificada como objeto sexual. Se ejerce violencia simbólica para vender productos y se venden parámetros estéticos inalcanzables para el uso del otro masculino, que conducen a la frustración, la depresión y la ansiedad. Dichas consecuencias movilizan el mercado de la estética, la moda, la medicina, la psicología, los medicamentos y sus alrededores.
- A través del correo electrónico y la mensajería instantánea se realiza la localización y captación de menores en estado de vulnerabilidad por parte de adultos que se hacen pasar por adolescentes que buscan conocer amigos. De esta manera logran citar a los adolescentes en algún lugar y cometer los abusos de manera individual o grupalmente.
Es necesario generar nuevos medios que ayuden a deconstruir lo aprendido y a construir otros canales de información a la medida de cada una. Las cifras actuales deben ser modificadas: en México, el 67% de las mujeres mayores de 15 años han vivido algún tipo de violencia ya sea en el ámbito familiar, escolar o laboral. En el transcurso del año 2005 se registraron 2.159 fallecimientos de mujeres por violencia familiar, cifra que superó a los fallecimientos por el crimen organizado, que para el mismo año fue de 1776 a nivel nacional.
No sólo se trata de aprovechar la hipercomunicación tecnológica, las herramientas multimediales y el hecho de poder ser protagonistas en generar la “noticia” sino también de fortalecer aquellos lazos de empoderamiento que generan las redes de mujeres y otros grupos que trabajan para romper las celdas en las que está casi el 70% de la humanidad con su mayor pandemia: la depresión por soledad, el sentimiento de pérdida de ideales, la discriminación encubierta y directa, y la falta de oportunidades para lo que no cumple los cánones de mercado.
También es importante tener en cuenta el escaso acceso a las TIC que muchas mujeres tienen en América Latina. Esta brecha de género no se debe únicamente a un tipo de impedimento económico ya que existen muchos puntos de acceso a internet a muy bajo costo (por ejemplo, en telecentros, infocentros, etc). Existen otros motivos que de alguna manera alejan o mantienen a las mujeres alejadas de las nuevas tecnologías y, dependiendo de factores culturales y de que se trate de entornos urbanos o rurales, estos pueden variar considerablemente: desconocimiento de cómo las TIC pueden afectar su vida; falta de tiempo; falta de conocimiento técnico para operar una máquina; temor al ridículo o a la condena social; impedimento de ciertos tipos de conectividad; contenido que no responde a sus intereses y necesidades, entre otros.
5- Herramientas para construir
Los cuatro países abordados en este informe tienen en común el uso de las TIC para promoción y difusión de campañas y movilizaciones, asesoramiento de lugares y horarios de atención de instituciones para víctimas de violencia y la utilización de líneas telefónicas gratuitas especializadas.
En México las tres líneas telefónicas nacionales (Servicio de Atención Telefónica de FEVIM, la línea Vida sin violencia Inmujeres y la Línea Telefónica de Atención a la Violencia Familiar insertada en el Sistema de emergencias 066 de la Secretaría de Seguridad Pública) constituyen mecanismos de atención para casos de emergencia concretos que incluyan violencia física, psicológica y sexual, abuso de menores y demás acciones características de la violencia.
Por su parte en Brasil se brindan más servicios en linea, a través del sitio web de la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer que ha creado una red de atención específica. También existe un servicio telefónico gratuito de alcance nacional para la denuncia y obtención de asesoramiento llamado Ligue 180.
En otros países de la región también se difunden listados y fotografías de hombres violentos sentenciados por violencia de género (Perú) y se utiliza la radio por internet para difundir los derechos de las mujeres como en Costa Rica.
Otra modalidad es el uso de sitios web donde se ofrece información de servicios, lugares y horarios de asistencia a las víctimas, además de información de campañas y movilizaciones. Pero esto es, si se quiere, un uso estático de las mismas. No hay un uso dinámico donde se establezca un vínculo más allá de la información - como por ejemplo si lo sería en el caso de que se pudieran realizar denuncias - ni se vinculan diferentes organismos o instituciones entre sí. Esto que tratándose de TIC sería de sencilla resolución y protegería a las víctimas, necesita de voluntad política para convertirse en realidad.
También las redes sociales del tipo de Twitter o Facebook han sido utilizadas ampliamente para difundir campañas contra la violencia hacia las mujeres. En el informe de Brasil se informa que las nuevas herramientas de la denominada web 2.0 se han implementado para alentar la participación en movilizaciones, difusión de materiales y firma de petitorios. en otros países todavía no se cuenta con información al respecto como para poder hacer comparaciones.
Es importante tener en cuenta lo fundamental que es la privacidad, no sólo porque las personas tienen derecho a guardar privacidad sobre sus vidas sino también para protegerlas de sus victimarios que las acechan permanentemente, a ellas y a todas las personas que intenten retirarlas del aislamiento al cual ellos las someten.
Consideraciones finales
Es sabido y reconocido el trabajo incansable que las organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas han venido haciendo para erradicar la violencia contra las mujeres y en la incorporación de todos los medios para la promoción y difusión de sus derechos, inclusive la incorporación paulatina y en muchos lugares incipiente de las TIC.
Sin embargo, es esencial entender que la violencia de género es un asunto público y por ello los poderes públicos de los diferentes países deben intervenir dando respuestas y legislando para que miles de mujeres dejen de sufrir y morir injustamente. Esta intervención necesariamente debe implementarse a través de todos los medios y canales existentes en la sociedad. Los hechos que día a día tienen lugar en los países de la región nos demuestran que la violencia contra las mujeres, sus mecanismos y repercusiones, se han vuelto cada vez más sofisticados pero no así las leyes, su reglamentación y su implementación. Como se ha comprobado en otros ámbitos, las TIC no ofrecen una solución mágica a estos flagelos pero sí pueden brindar y/o complementar de una forma creativa su prevención y denuncia.
La tarea no es fácil y todas las mujeres saben que la lucha no ha terminado, por lo tanto es importante continuar la promoción de debates abiertos que hagan visible y sensibilicen a la opinión pública sobre esta problemática en toda la región.
Es necesario generar nuevos medios que ayuden a deconstruir la indefensión aprendida y los conceptos arcaicos tomados incuestionablemente para pensar, diseñar y poner en práctica otros canales de información a la medida de cada una, de la mujer que cada una es y aprendió a ser de acuerdo al entorno que la rodea.
Notas
(1) Lic. en Psicología (Universidad de Buenos Aires), especialista en violencia familiar (Universidad de Buenos Aires) y psicóloga clínica cognitiva, especialista en trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad (centro de terapia cognitiva). Hace más de 5 años trabaja brindando atención psicoterapéutica en problemáticas vinculadas con sus especialidades. Durante 4 años integró el cuerpo de profesionales de Área de Protección de Derechos de Niños, Niñas y sus Familias, Programa Municipal de Violencia Doméstica, Atención de Víctimas y Sobrevivientes, con quienes capacitaban en violencia familiar con visión interdisciplinaria y de género para la comunidad (hospital y centros de salud, médicos, policía, directores, inspectores y maestras de escuelas de todos los niveles).
(2) Lic. en Comunicación Social (Universidad de Buenos Aires), M.A. en Relaciones Internacionales, The New School (USA) y Candidata a Doctora en Ciencias Sociales de IDES-UNGS (Argentina). Durante los últimos 10 años, ha desarrollado sus dos profesiones de periodista e investigadora social en diferentes proyectos sobre procesos comunicacionales, pobreza, impactos de nuevas tecnologías y políticas públicas. En la actualidad, trabaja en cooperación internacional para MENON Network (proyecto WINDS-Caribe) y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (proyectos PRO-IDEAL, CoopAIR, Ideal-Ist y ABEST).
(3) La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de 1993 fue el primer instrumento internacional de derechos humanos para tratar exclusivamente la cuestión de violencia contra las mujeres, entendida como “todo acto de violencia basado en el pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. (DAW-UN, 2009)
(4) El objetivo estratégico J.1. de la PAB establece: “Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, así como en las nuevas tecnologías de comunicación”. Y entre las medidas a adoptarse, postula: “Estimular y reconocer las redes de comunicación de mujeres, entre ellas las redes electrónicas y otras nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, como medio para la difusión de información y el intercambio de ideas, incluso en el plano internacional, y brindar apoyo a los grupos de mujeres que participan en todos los ámbitos de los medios de difusión y de los sistemas de comunicación a ese efecto; Alentar la utilización de los sistemas de comunicación, incluidas las nuevas tecnologías, como medio de fortalecer la participación de la mujer en los procesos democráticos”. (Sabanes Plou, 2008)
(5) La sección de América Latina del Observatorio de la Violencia de Género está disponible en http://www.observatorioviolencia.org/categorias.php?id=9
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2010
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