En los espacios de interacción mediados por tecnologías digitales (tales como las redes sociales, las listas de correo electrónico, los sitios web, etc.) también se ejerce violencia contra las mujeres por su condición de género. La realidad es que las herramientas con que contamos las mujeres para defendemos contra la violencia en espacios presenciales, parecen ser pocas a las luz de las especificidades que plantea el escenario digital.



Históricamente, el movimiento de mujeres y feminista a nivel global ha hecho un esfuerzo sistemático por identificar y denunciar los diversos tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres y ha planteado estrategias claras de lucha contra la violencia patriarcal, incluyendo las transformaciones legales, la incidencia política, la sensibilización social, la capacitación y los espacios de empoderamiento, entre otras. Si bien estamos lejos de resolver la problemática, el escenario de acción está caracterizado en abundancia y existen instrumentos y procesos sistemáticos de monitoreo de los avances y retrocesos en la materia. Pero cuando la violencia contra las mujeres se ejerce en espacios mediados por tecnologías digitales el terreno comienza a tornarse incierto y, conforme avanza el desconocimiento, disminuyen las posibilidades de acción.



¿Cuánto conocemos las defensoras de derechos humanos sobre la legislación en torno a delitos informáticos en nuestros países? ¿Sabemos cuáles son las políticas corporativas de los servicios de redes sociales más utilizados en relación a situaciones de abuso y violencia?



No pretendo colocar la responsabilidad de un tema tan complejo sobre los hombros de quienes trabajamos por los derechos humanos de las mujeres. Los estados son los responsables últimos de garantizar que las mujeres podamos vivir vidas libres de violencia, tomando las medidas legales, educativas, económicas y sociales que se requieran para ello. Tal como planteó la Coalición Dinámica de Género en su declaración para el Foro de gobernanza de internet 2011: “Las políticas públicas a nivel nacional en todos los ámbitos sociales y económicos deben mantenerse al día con los rápidos cambios que se introdujeron con la red y también prestar atención a las tensiones inherentes que surgen en la ecología de internet”.



Sin embargo, también es claro que la vigilancia social que ejercemos las organizaciones de la sociedad civil tiene un papel fundamental en lograr que el estado cumpla efectivamente ese rol de garante de derechos humanos. Entre más las organizaciones sociales desconozcamos el funcionamiento de la ecología de internet, más débil será nuestro papel y nuestras posibilidades de luchar contra la violencia hacia las mujeres mediada por la tecnología. Necesitamos investigar y tener un mapa claro de las herramientas con que contamos y de los vacíos legales que existen en cada uno de nuestros países en relación a la violencia contra las mujeres en espacios digitales. Asimismo, es importante que conozcamos los instrumentos internacionales que podemos aplicar en aquellos casos en los que la violencia proviene más bien de los estados o estos se convierten en cómplices de la misma.



Un segundo ámbito que necesitamos mapear está relacionado con las instancias y procesos que debe seguir una persona para denunciar las situaciones de abuso. Es importante que identifiquemos cuáles instancias es necesario capacitar, sensibilizar o en las que hay que abiertamente hacer incidencia para que establezcan procedimientos claros que permitan a las mujeres contar con procesos para denunciar a sus agresores. En este sentido hay un trabajo importante que hacer de incidencia y coordinación con los proveedores de servicios de internet y telefonía móvil, así como con representantes locales y regionales de las empresas que brindan servicios de interacción en línea. Necesitamos que las autoridades de nuestros países incorporen los lineamientos de lucha contra la violencia hacia las mujeres también en las políticas de manejo de información y contenido.



Un tercer ámbito es la sensibilización de la población en general, y de las mujeres en particular, sobre el funcionamiento de la ecología de internet. Es importante que trabajemos en erradicar esa percepción mítica de internet como un espacio abstracto, sin correlato en lo territorial y por ende, más allá del alcance de cualquier regulación. Comprender cómo funciona la toma de decisiones en torno a políticas y servicios de conectividad y regulación de contenidos es clave para que haya rendición de cuentas.



En julio del presente año, la viceministra de juventud de Costa Rica, Karina Bolaños, fue destituida de su cargo debido a que salió a la luz pública un video privado en el que la funcionaria aparece en ropa interior. El video fue obtenido por personal técnico que tuvo acceso a la computadora personal de la misma y durante el último año la estuvo chantajeando a cambio de no publicarlo. Toda la atención mediática se centró en realizar un juicio político sobre la moral de ella y la presidenta de la república, en lugar de abrir un proceso legal contra su chantajeador, la despidió de su cargo. Esta situación es relevante porque ejemplifica cómo la condición de género y la violencia hacia las mujeres atraviesa clase, nivel educativo y poder adquisitivo.



En este sentido, en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en espacios digitales debemos también evitar que se responsabilice a las mujeres, revictimizándolas por el uso que hacen de las herramientas. Si bien es cierto podemos avanzar mucho en el fortalecimiento de capacidades para un uso consciente y crítico de los espacios de interacción en línea, es importante que no justifiquemos nunca las acciones de quien agrede, porque la violencia hacia las mujeres no está relacionada con su destreza tecnológica, sino con la existencia de un entorno social que justifica y avala esa violencia. Capacitar a las mujeres en hacer un uso seguro de internet fortalece sus recursos personales, pero no puede nunca considerarse la solución a la problemática social de la violencia y debe siempre formar parte de iniciativas integrales que también coloquen las responsabilidades en quienes deben asumirlas.



—- fin ——



Imagen por Bytes for All de Pakistan producida en el marco de la campaña ¡Dominemos la tecnología!

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