Hubo importantes logros en la reciente 57ª sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer que evalúa el progreso de los gobiernos del mundo en el tratamiento de la violencia hacia las mujeres y niñas. Uno de esos logros fue el reconocimiento de los gobiernos del rol creciente de las tecnologías de información y comunicación en la continuidad de la violencia hacia las mujeres.
Quizá seas un poco escéptica respecto de la utilidad de estas declaraciones para transformar la vida cotidiana de las mujeres. Después de todo, en esta misma reunión feministas y gobiernos por igual recibieron informes sobre un constante aumento de la violencia hacia las mujeres y niñas – violencia sexual en zonas de conflicto, acoso sexual en las calles, embarazo adolescente e infantil, violencia de pareja, femicidios. Aún si interpretamos la existencia de mayor documentación como signo del progreso de los gobiernos para enfrentar la violencia hacia las mujeres (a pesar de las muchas y notables limitaciones para unificar y afinar la recolección de datos), las cifras resultan escalofriantes. Todavía necesitamos de los vitales informes estadísticos alternativos de la sociedad civil, que aunque no son oficiales, nos ofrecen una visión más cercana, y con frecuencia más dura, de las realidades de la violencia contra las mujeres en el mundo.
Entonces, ¿tienen algún sentido estas evaluaciones y declaraciones anuales? Un encuentro reciente, mucho más pequeño, sobre femicidios en la ciudad de México – al que accedimos gracias a las maravillas de las TIC (1) – me brindó una perspectiva diferente en un país cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de palabras como “femicidio” e “impunidad”.
Establecer el concepto de femicidios en México ha sido parte de un derrotero que usó la ley como mecanismo para el cambio. Por definición, la violencia femicida tiene claras raíces en la discriminación, que es obligación del estado eliminar (hace tiempo que México adhirió a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación). La jurisprudencia asentada por la Corte Interamericana en el caso de Campo Algodonero establece que el gobierno mexicano es legal y jurídicamente responsable porque adhirió a los acuerdos de Belem do Pará – México alega que esos acuerdos no son vinculantes. Estos son los lentos frutos de dos declaraciones muy significativas, referidas a la expresión más extrema de la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, observase con razón, los femicidios en México lamentablemente siguen aumentando. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) tiene documentados 4112 femicidios en sólo 13 estados entre enero de 2007 y junio de 2012 (2).
La labor en red de OCNF para recoger evidencias y hallar recursos constituye un triste testimonio de la impunidad mexicana, en especial cuando observamos la violencia institucional en casos de femicidio que no son investigados como corresponde y se desestiman adjudicándolos a la delincuencia organizada. En consecuencia, el Observatorio decidió concentrarse en cómo acabar con la impunidad. ¿Su respuesta? Asegurarse que las leyes estatales tipifiquen el femicidio y lo reconozcan por lo que es y lo que NO es: un “crimen pasional”. Y asegurarse de que existan protocolos de investigación específicos para tratarlos. No protocolos de cien páginas como los copiados de acuerdos internacionales sin considerar las realidades locales, como que las unidades forenses quizás ni siquiera posean una cámara para tomar fotografías en la escena. En su lugar, el observatorio nacional los sintetizó en recomendaciones simples y prácticas que garanticen la consecución de justicia. Entre estos principios se incluye el de tratar toda muerte violenta de una mujer como femicidio hasta que se pruebe lo contrario. Por ejemplo, dudar de los suicidios, en particular cuando el cuerpo de la mujer muestre evidencias de golpes y torturas. No recurrir a estereotipos de género cuando se evalúe el crimen. No incriminar a los miembros de la familia – la muerte de una hija no se debe a que le permitían volver del trabajo tarde a la noche. Estudiar las pruebas antes de atribuir una explicación – si está convencido/a de que el femicidio se “debió al crimen organizado”, puede pasar por alto otras evidencias.
Los registros de llamadas, observa Yuriria Rodríguez de OCNF, son fuentes cruciales para entender las últimas comunicaciones de las víctimas. La caracterización como femicidio de un caso en Sonora fue desestimada aduciendo “motivos familiares” detrás del asesinato de una mujer. Rodríguez observó que el día de su muerte, la víctima había recibido más de 100 llamados de un mismo número, pertenecientes a uno de los sospechosos del caso. Si se toma en serio el papel de la tecnología en la continuidad de la violencia, no sólo los registros de llamadas se convertirían en una parte regular de la investigación, sino que además, las autoridades tendrían en cuenta la violencia mediada por la tecnología, las mujeres podrían reconocer antes las señales de advertencia y sería posible intervenir antes de que la violencia escale. Pero primero, como lo hace el Observatorio, todo comienza con la recolección de pruebas, las declaraciones, la legislación y los protocolos.
De esto se trata esta edición de GenderIT.org. Hallarás información sobre recolección de pruebas y la búsqueda de soluciones y recursos legales en torno a la violencia hacia las mujeres y niñas mediada por la tecnología en Colombia, Filipinas y Bosnia y Herzegovina.
En México nos sentimos orgullosas de nuestra Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Las feministas lucharon para que la ley fuera enunciada en términos positivos. Citarla es largo, pero cada vez que lo hacemos nos recuerda que tenemos derecho a vivir libres de violencia. Allí está, sancionada como ley, en un intento mexicano de llevar a la práctica y sobre el terreno las convenciones internacionales. El desafío ahora es hacerla realidad. Pero tú tienes derecho.
Tienes en verdad derecho a vivir una vida libre de violencia. Sí. Tú. Lo tienes.
Footnotes
(1) “Feministas Socialistas: Feminicidio”, intervienen, entre otras, Andrea Medina y Yuriria Rodríguez como expositoras. www.youtube.com/watch?v=pEZpmtzg_qY, www.youtube.com/watch?v=6eCTds8sbao
(2) Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del Examen periódico universal a México.
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