La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, en consulta con organizaciones aliadas, envió al Gobierno de Ecuador un informe que busca colaborar en el proceso del Examen periódico universal haciendo recomendaciones sobre la libertad de expresión y su relación con el acceso a internet. En entrevista con Flavia Fascendini de GenderIT.org, la directora del Programa de políticas de información y comunicación de APC, Valeria Betancourt, sostiene que la incorporación de la transferencia de conocimientos a través de tecnología, de la conectividad para avanzar hacia una sociedad de la información y el conocimiento y de la inclusión y garantía de los derechos humanos dentro de las amplias estrategias del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 representa una gran oportunidad para que los derechos de las mujeres en internet puedan ser contemplados en forma estructural.


Flavia Fascendini (FF): ¿Cómo se dio el proceso de investigación y recolección de insumos para elaborar la contribución al Gobierno de Ecuador en el marco del Examen periódico universal (EPU)? ¿Cómo se sostiene ese proceso en el tiempo luego de presentada la contribución?


Valeria Betancourt (VB): Fue una acción bastante inicial y puntual. El trabajo duro se viene en mayo en Ginebra cuando tenga lugar el EPU 2012 y cuando se demande del gobierno responder a inquietudes o comentarios sobre su desempeño en materia de derechos humanos. Vimos que había una oportunidad de hacer una contribución en Ecuador una vez que se estaban discutiendo proyectos de ley que nos parecía que tenían que ver directamente con el tema de acceso a internet, como fue la Ley de comunicación. Por otro lado, vimos que había una posibilidad de extender la colaboración que teníamos con algunas organizaciones aliadas en Ecuador, como el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) y Radialistas Apasionadas y Apasionados, alrededor del proyecto de ley de comunicación hacia otros ámbitos que tienen que ver ya más específicamente con el tema de internet. Nosotros identificamos cuáles serian las áreas a cubrir dentro de las recomendaciones y en la indagación vimos que, obviamente, uno de los instrumentos fundamentales que está orientando que se haga una política pública en Ecuador, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, incorpora de alguna manera el tema. Entonces vimos que era conveniente usar ese marco como referencia para enfocar nuestras contribuciones.


FF: ¿Cómo se consigue introducir el tema de derechos en internet en un marco que suele ser bastante más amplio? ¿Y cómo se produce el diálogo con otras organizaciones que no trabajan el tema de internet específicamente?


VB: Es una ventaja para nosotros que en Ecuador el Plan Nacional para el Buen Vivir, que está establecido para el período 2009-2013, incluya estrategias específicas en las que se pueda incorporar el tema de internet. Decidimos, entonces, aprovechar que esas estrategias están establecidas para hacer el enlace directo con el tema de derechos humanos en internet. Entre los Objetivos para el Buen Vivir comprendidos dentro del Plan Nacional, en el marco del objetivo 2 consistente en “mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, se propone una meta específica respecto del acceso a internet: “triplicar el porcentaje de hogares con acceso a internet al 2013”. Ahí hay una oportunidad importante. Y en realidad no hubo aún un diálogo con los personeros del gobierno, el proceso está muy tierno en ese aspecto y ese es el siguiente paso al que se va a apuntar a lograr en mayo, cuando se logre interlocutar tanto con representantes del Gobierno de Ecuador como con representantes de otros gobiernos que pudieran plantear algunas preguntas a Ecuador como parte de su Examen periódico universal. Lo que sí hicimos fue remitir formalmente las recomendaciones al gobierno, específicamente al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Relaciones Exteriores pero lamentablemente no hemos tenido ninguna retroalimentación o respuesta hasta el momento. Apuntamos a poder establecer un diálogo con el gobierno en mayo a partir de objetivos comunes que podamos identificar. El Gobierno de Ecuador, por ejemplo, estuvo en la última reunión del Consejo de Derechos Humanos en febrero donde se llevó a cabo el panel de alto nivel sobre libertad de expresión e internet e hizo una intervención bastante interesante. Eso nos da la pauta para poder establecer un diálogo a partir de un tema que entendemos que es de interés del Gobierno Ecuatoriano.


FF: En el informe mencionan áreas en las que consideran que hay avances en Ecuador a partir de la puesta en marcha del Plan Nacional para el Buen Vivir ¿Cómo evalúas que esto ha afectado o bien podría afectar el ejercicio de los derechos de las mujeres en internet?


VB: Si bien hay avances, pienso que uno de los vacíos en general de la política pública ecuatoriana es la de dimensión de género. Y me parece que las políticas de TIC no escapan a esa realidad. Sin embargo si creo que hay una oportunidad desde el momento en que el Plan Nacional para el Buen Vivir plantea una estrategia específica relacionada con el tema de inclusión y con la garantía de derechos. Eso nos da un marco adecuado para poder promover con más fuerza la incorporación de la dimensión de género y el análisis de la forma en la que los derechos de las mujeres se ven limitados o reforzados en la esfera de internet. Es obvio que hay una oportunidad para que podamos incorporar estos temas una vez que sabemos que las mujeres somos actoras históricamente postergadas en Ecuador y cuando entendemos que el país está siguiendo algunos aspectos en materia de políticas públicas para poder abordar esta problemática de manera estructural. En Ecuador hubo avances en cuanto a la recopilación de información y construcción de evidencias que permitan dar cuenta cuál es la situación específica de los distintos actores sociales respecto del desarrollo, respecto del ejercicio de sus derechos, etc. Entendemos que una de las áreas en las que se está trabajando desde el gobierno es ampliar las posibilidades para una mayor equidad de género. Es una oportunidad y me parece que APC puede cumplir un rol importante conjuntamente con sus pares en proponer mecanismos específicos y hacer propuestas concretas para poder seguir avanzando en esta línea. Creo que trabajar alrededor del EPU nos permite hacer una sensibilización sobre cómo los derechos de las mujeres se ven afectados por la ausencia o presencia de políticas de este tipo.


De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),

se estima que sólo 29% de la población de Ecuador

tenía acceso a internet en 2010.

FF: La contribución de Brasil al EPU, por ejemplo, es mucho más explícita y enfatiza cuestiones que hacen a problemáticas de género, es un reporte bien claro en materia de derechos sexuales y reproductivos…


VB: Si, así es. Creo que en el caso de Ecuador es importante destacar que existe la posibilidad de ir haciendo esas contribuciones a futuro. Me parece importante incidir para que se planteen al Gobierno de Ecuador, en el marco del Examen Periódico Universal, preguntas específicas sobre los derechos humanos de las mujeres en internet, como el acceso a información sexual y reproductiva, o sobre los planes relativos a la inclusión de la perspectiva de género en las políticas de TIC. Nuestra prioridad es la de establecer un diálogo con los personeros del Gobierno Ecuatoriano para explorar la posibilidad de que se mire e incorpore el tema de los derechos humanos en internet como uno de los temas que por defecto deberían ser analizados por Ecuador en sus próximas revisiones.


FF: ¿Cuáles crees que serían herramientas eficientes para que defensoras de los derechos de las mujeres, activistas del género y las TIC adquieran mayor conciencia de la importancia del EPU en su trabajo?


VB: Lo que nosotros estamos intentando hacer acá es provocar acercamientos directos con organizaciones de derechos humanos que tienen un trabajo de mucha trayectoria de trabajo en el país. Nos interesa, primero, conocer su experiencia en el marco del EPU ya que varias de ellas han estado haciendo recomendaciones desde hace mucho tiempo al EPU, sin embargo no han contemplado aún el tema de derechos humanos en internet. Sí han tratado otros temas como libertad de expresión pero no enfocado en internet. Estamos contemplando además acercamientos con organizaciones, grupos y activistas que específicamente trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Entonces estamos intentando provocar acercamientos para sumar esfuerzos y ver si es que podemos coincidir en una agenda conjunta en lo que hace a derechos humanos en internet. Todo esto es un mecanismo de diálogo directo al que estamos recurriendo porque creemos que no solo nos alimenta a nosotros en cuanto a la experiencia de participación de la sociedad civil en el EPU sino que también permite ir ampliando las agendas de las propias organizaciones de derechos humanos.


FF: Si vos Valeria, como una persona informada en el tema de derechos humanos en internet, tuvieras que señalar cuál seria un aspecto interesante para que el Gobierno de Ecuador aborde u observe en materia de género en internet?


VB: Creo que el tema del acceso es fundamental para ampliar las posibilidades de libertad de expresión de las mujeres en línea como derecho habilitador del ejercicio de otros derechos. Me parece importante mirar con mayor énfasis cómo ese tema y cómo la posibilidad de ejercer, además, la libertad de asociación y el acceso a información y al conocimiento, está impactando directamente en las mujeres. Creo que de ahí se pueden desprender condiciones para que las mujeres consigamos colocar con más fuerza en la agenda pública nuestras demandas y propuestas, de manera de ir avanzando no solo desde la perspectiva de la formulación de las políticas públicas si no también desde el refuerzo del ejercicio propio de los derechos de las mujeres en la esfera de internet.


FF: Muchas gracias por conversar con GenderIT.org, Valeria.


---fin---


Esta edición forma parte de la campaña de APC “¡Conecta tus derechos! Los derechos en internet son derechos humanos” financiada por la Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo (Sida)

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