El financiamiento para los países en desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y la democracia en el gobierno global de internet, son los dos temas centrales que la ONU tratará en la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información -CMSI-, que tendrá lugar en Túnez del 16 al 18 de noviembre próximo. Más allá de las consideraciones técnicas, ambos temas, que estuvieron en debate durante el segundo Comité Preparatorio (Prepcom) que se realizó en Ginebra, del 17 – 25 de febrero, tienen amplias implicaciones políticas y sociales.
En este Prepcom, el avance principal fue el acuerdo que se perfiló entre gobiernos sobre los mecanismos para el financiamiento, que de alguna forma rompió el impasse político de la primera fase de la Cumbre (Ginebra, diciembre 2003); pero el acuerdo evitó comprometer a los países desarrollados y organismos multilaterales a asumir nuevos compromisos financieros para concretar la llamada “solidaridad digital”.
Los documentos en discusión para su adopción por la Cumbre intergubernamental incluyen también un pronunciamiento político (conocido como el “chapeau político”) y capítulos operativos, en los que se expondrán los mecanismos y las responsabilidades organizativas para el seguimiento e implementación de los acuerdos de la primera fase de la Cumbre.
Entre tanto, la noción de una sociedad de la información basada en los derechos humanos estuvo de nuevo en cuestión, por una parte en relación a las violaciones a la libertad de expresión en el país sede, Túnez, con oportunidad del lanzamiento de un informe de la red mundial sobre libertad de expresión , IFEX; y por otra, frente a la preocupación expresada en una sesión de balance de sociedad civil, donde se deploró la pérdida, en esta segunda fase, de la visión -más humana, menos tecnologista- expresada en la Declaración de Ginebra de la I Cumbre y la Declaración de la Sociedad Civil.
Mecanismos financieros: sin nuevos compromisos
El acuerdo, casi finalizado, sobre mecanismos de financiamiento enumera una serie de retos y opciones destinados a cerrar la llamada brecha digital. Estos quedan, sin embargo, al nivel de recomendaciones sin obligación. La salida negociada con respecto al Fondo de Solidaridad Digital -FSD-, en torno al cual los gobiernos del Sur esperaban un compromiso firme, se limita a señalar que la Cumbre acoge favorablemente el Fondo. La creación del FSD fue anunciada en la primera CMSI, como iniciativa de gobiernos locales, liderados por Ginebra y Lyon, que contribuyeron con los fondos de arranque. Se financiará con un mecanismo novedoso que prevé que las instancias que lo apoyan (120 gobiernos locales hasta ahora) se comprometen a destinar al Fondo el 1% de todas las licitaciones de bienes y servicios digitales, proveniente del margen de ganancia del vendedor. Se dio a conocer que este Fondo cubrirá principalmente las iniciativas comunitarias en TIC, incluyendo capacitación, contenidos y otros; pero no podrá dar solución a los grandes proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, para los cuales la estrategia prioritaria sigue siendo la desregulación del sector para favorecer la inversión privada.
Toda vez, el acuerdo sí alienta el otorgamiento de fondos multi- y bilaterales para este rubro, y reconoce el rol necesario del financiamiento público en ciertas áreas que la empresa privada no considera rentable (aunque todavía no se precisa de donde provendrán tales fondos).
Haciéndose eco de la Declaración de la I CMSI, se reconoce el aporte de las TIC para el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM). Algunos sectores han expresado preocupación, sin embargo, que la negativa a considerar nuevas fuentes de financiamiento público podría significar que los proyectos en comunicación, información y tecnología, para áreas como salud o educación, deban competir con fondos destinados a aspectos más vitales de las MDM, como las vacunas o el agua limpia.
Desde sociedad civil, se criticó el poco espacio que se le dio a ésta en el grupo de trabajo, creado el año pasado, que preparó un informe sobre financiamiento. Las organizaciones de este sector consideran que los acuerdos dan insuficiente importancia al rol de los Estados y a la cooperación Norte-Sur, proponen una mayor atención a los aspectos no tecnológicos de la sociedad de la información, y defienden un mayor apoyo a las iniciativas bajo control comunitario y al software libre, entre otros aspectos.
Gobierno de Internet
Descifrar qué es -o debería comprender- el gobierno de Internet, qué mecanismos e instancias de decisión e implementación existen o son requeridas, es parte de la tarea encargada a la comisión de trabajo sobre este tema. Para las organizaciones de la sociedad civil, es un tema que tiene implicaciones fundamentales para los derechos humanos, el desarrollo y la democracia.
Entre los gobiernos hay una fuerte polémica, y aún no queda claro qué nivel de consenso -si hay alguno- podría emerger de la Cumbre. Eso sí, hay una disconformidad casi unánime (con excepción de EE.UU.) con el statu quo, que implica que la mayoría de países no tienen voz ni voto en cómo se administra Internet, y que deja en manos de una empresa registrada bajo la legislación estadounidense -el ICANN- la administración de los nombres y números (IP) de Internet. Bajo el sistema actual, puede darse que organizaciones de ciertos países vean negado un nombre de dominio, fruto de la política exterior de EE.UU., que estipula que con ciertos países, sus empresas no pueden hacer negocios.
El representante de Brasil al Prepcom denunció que en la situación actual, existe falta de democracia en el proceso de decisión sobre cómo se administra la Red, falta de transparencia en quién toma las decisiones e insuficiente participación de la comunidad internacional.
Las posiciones de los gobiernos son muy variadas. Unos se preocupan principalmente por el tema del desarrollo y la brecha digital, y plantean, por ejemplo, menores costos de interconexión para ampliar el acceso. Otros anhelan, para sus empresas nacionales, una mayor porción en el negocio de mantener funcionando la Red. Tampoco faltan gobiernos, cuya preocupación es mejorar su capacidad de monitorear o bloquear contenidos, mediante tecnologías inteligentes, o aquellos que quieren instituir un sistema nacional de regulación y autorización de nombres y direcciones: algo comparable a lo que existe en el campo de la radio-televisión o las telecomunicaciones.
La ONU ha conformado un grupo de trabajo sobre gobierno de Internet (WGIG por sus siglas en inglés) que presentará su informe en julio. Como la misma Cumbre, la comisión se compone de diversas "partes interesadas" (gobiernos, sector privado, sociedad civil y organismos multilaterales). En esta oportunidad, desde sociedad civil, se organizó un proceso de consulta y nominación de representantes, tomando en cuenta criterios de equilibrio regional, de género y de áreas de experticia.
Hasta ahora, la comisión se ha limitado a explorar el terreno que le corresponde trabajar, sin entrar en el debate de posiciones. Para ciertos actores de sociedad civil, sin embargo, existe el temor de que la agudeza del debate sobre aspectos de control y regulación del gobierno de Internet, que estuvo ya en evidencia en el Prepcom, por importante que sea, dejará poco espacio para los aspectos más habilitadores y para considerar las implicaciones sociales.
Varios de estos temas son destacados en un pronunciamiento sobre gobierno de Internet emitido en el Prepcom por el grupo temático (o caucus) de la sociedad civil, el cual contó con el apoyo de todo el Grupo de Trabajo sobre Contenidos y Temas.
“El WGIG debe fundamentar su trabajo en un marco de derechos humanos y desarrollo. Los derechos de libertad de expresión y privacidad son de especial importancia en este contexto, así como la necesidad de un mayor énfasis en los principios de apertura y transparencia.
“El grupo cree que dos resultados del WGIG, que añadirán un valor significativo son:
1. Una comprensión de cómo los mecanismos de gobierno pueden hacer avanzar estos derechos y principios básicos
2. La elaboración del concepto de gobierno democrático de Internet que fomente las metas de creatividad, innovación y diversidad cultural y lingüística.”
Entre los temas que el WGIG deberá considerar, enumera:
- El control unilateral del sistema raíz de zonas.
- La importancia de estándares técnicos para preservar un Internet global interoperable
- El impacto del gobierno de Internet en la libertad de expresión y la privacidad
- Implicaciones diferenciadas para mujeres y hombres
- La intersección del gobierno de Internet con reglas internacionales de propiedad intelectual y comercio
- El acceso al conocimiento como bien común global
El grupo subraya la importancia de dar la palabra a tod@s l@s interesad@s en esta materia, incluidos aquellos que aún no pueden acceder a la tecnología.
Túnez bajo la lupa
El 23 de febrero, la red mundial sobre libertad de expresión, IFEX, presentó un informe sobre su reciente misión de indagación en Túnez. Los resultados, contenidos en un informe de casi 60 páginas, se pueden consultar en el sitio Web de IFEX (ver www.ifex.org). La Misión documentó casos de presos de opinión, jóvenes encarcelados por navegar en ciertos sitios de Internet, tortura, bloqueo de sitios Web, censura y ausencia de diversidad mediática. Emitió, asimismo, recomendaciones al gobierno tunecino para que corrija estas violaciones a los derechos humanos, que considera inaceptables sobre todo en un país que pretende ser sede de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.
Vale decir, sin embargo, que los/as defensores de derechos humanos de Túnez no se oponen a la realización de la Cumbre en su país; al contrario, la ven como una oportunidad para que la situación se exponga a la lupa internacional.
Proceso regional
Para América Latina y el Caribe, está en marcha un proceso regional, que culminará en Río de Janeiro, del 8 al 10 de junio. En esa reunión, se adoptará una declaración política y un plan de acción regional. Para adelantar la elaboración del Plan de Acción, una reunión preparatoria tendrá lugar en Quito, del 4 al 6 de mayo, organizada por CEPAL, UNESCO y el gobierno ecuatoriano.
El gobierno brasileño ha aclarado que, a diferencia de la anterior reunión regional, realizada en Bávaro, República Dominicana, hace dos años, ésta será una reunión específicamente de América Latina y el Caribe; no se invitará, como participantes, ni EE.UU. ni a Canadá. El gobierno brasileño aseguró que la sociedad civil tendrá su espacio de participación, pero aún no se dan a conocer los mecanismos.
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