Este artículo presenta y compara los resultados de cuatro informes nacionales de Camboya, Filipinas, Malasia y Pakistán, realizados por el Programa de apoyo a las redes de mujeres (PARM) de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) como parte del proyecto “Fortalecer el uso estratégico de las TIC por parte de las mujeres para combatir la violencia hacia las mujeres y las niñas”. Asia ha sido vanguardia en la adopción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y en el uso de las mismas para promover la democracia y los derechos humanos. Desde el uso de SMS para coordinar protestas públicas en Filipinas, hasta la suspensión de firewalls en Birmania y en China, los asiáticos y las asiáticas han mostrado una gran ingenuidad en el uso de las TIC para defender sus derechos. Sin embargo, también se han utilizado dichas tecnologías en la región para la violación de los derechos, aumentando las posibilidades de ejercer censura y vigilancia, ya fuera a cargo del Estado o de perpetradores de violencia contra las mujeres. Este trabajo analiza la intersección entre las TIC y la violencia de género, zona que suele quedar fuera del discurso sobre TIC y derechos humanos, que con frecuencia se enfoca principalmente en cuestiones de acceso y libertad de expresión.
Manos a la obra
Miradas desde Camboya, Filipinas, Malasia y Pakistán
En toda Asia, el marco de regulación de las TIC es frágil y la intersección entre TIC y violencia contra las mujeres no ha sido bien entendida. Si bien Filipinas cuenta con el marco de derechos humanos mejor delineado de los cuatro países analizados, todos ellos sufren por la mala implementación de la legislación vigente sobre violencia contra las mujeres. En cada uno de los países, la pornografía y la explotación de imágenes de mujeres y niños y niñas en línea tienen buena cobertura en los medios pero existen pocas medidas concretas para proteger y promover los derechos humanos de las mujeres mediante el uso de las TIC. Sin embargo, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres están dándole usos innovadores a las TIC. Aunque son pocas las organizaciones involucradas en la elaboración de políticas de TIC, el uso que hacen de la telefonía celular para brindarle espacios seguros a las mujeres, el uso de internet para actividades de incidencia y trabajo en red, además del aumento de la conciencia sobre la necesidad de tener más políticas sobre la intersección entre las TIC y la violencia contra las mujeres, constituyen los cimientos de un futuro libre de violencia contra las mujeres, ya sea perpretada a través de las TIC o por métodos más tradicionales.
Coincidencias y desbalances entre países
1 – Frágil marco político sobre violencia contra las mujeres
Los cuatro países estudiados ratificaron la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Mujeres (CEDAW); todos hacen alguna referencia a la igualdad de género o a la eliminación de la discriminación en base al género en su Constitución; y cada uno de ellos cuenta con legislación específica sobre violencia contra las mujeres.
Pero tanto en cuanto a la fuerza de la legislación sobre violencia contra las mujeres, como en relación a la voluntad o la capacidad de los gobiernos para hacer que se cumplan las leyes, las autoridades de ambos países están lejos del éxito. Se supone que Filipinas tiene el marco legislativo más amplio de la región sobre violencia contra las mujeres, con leyes específicas sobre varios aspectos, incluyendo las “novias de encargo por correo”, el acoso sexual y la Carta Magna de las Mujeres que según el sitio web del gobierno prohíbe la discriminación y garantiza la igualdad de las mujeres en la familia (2). Filipinas es también el país de Asia que ocupa el lugar más alto en el Informe mundial 2009 sobre la brecha de género: está en el lugar número nueve del mundo (3). Sin embargo, hubo alrededor de 5.500 denuncias tituladas “Mujeres en circunstancias especialmente difíciles”. Además, el número de casos denunciados a la policía aumentó 21% en 2007. Ello indica que es necesario seguir incidiendo a favor del cumplimiento de las leyes (4).
Comparativamente, Camboya tiene un marco legal muy amplio que incluye leyes sobre acoso sexual (inexistentes en Malasia y Pakistán), sobre violencia doméstica, tráfico y explotación y un fuerte compromiso político con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) - sobre todo el ODM3 - lo que ha generado un marco político de los ODM para todo el país. Sin embargo, Camboya sigue siendo conocida por la violencia sexual contra mujeres y niñas, por el tráfico y la explotación sexual. La pobreza generalizada es el factor que origina buena parte de la explotación, así como la incapacidad (o la falta de voluntad) de las autoridades para obligar al cumplimiento de las leyes.
En Malasia, la legislación sobre violencia contra las mujeres ha recibido críticas tanto por falta de implementación, como por algunos vacíos importantes, sobre todo en cuanto a la violación dentro del matrimonio. Por ejemplo, las leyes sobre violencia doméstica no definen violencia doméstica y en cambio refieren al Código Penal. La Ley sobre violencia doméstica se centra en medidas para regular la denuncia de casos y en la protección a la que tienen derecho las víctimas. A pesar de haber aprobado una ley contra el tráfico en 2007, Malasia sigue siendo uno de los principales centros de tráfico humano, oficiando a menudo como lugar de tránsito y también como fuente de tráfico de mujeres, especialmente las procedentes de comunidades indígenas y las refugiadas, en particular de Birmania.
Las mujeres de Pakistán todavía sufren las consecuencias del intento de islamización a cargo del general Zia al-Haq que aparentemente apuntaban en particular hacia las mujeres y sus derechos. En particular, todavía subsiste el legado de la Ordenanza Hudood de 1979 (5), a pesar de los intentos de reafirmar los derechos de las mujeres mediante legislación como la Ley de protección a las mujeres de 2006. Pero sigue sucediendo que las mujeres no consiguen probar una violación, pueden ser acusadas de sexo ilícito o zina y están sujetas a castigos. No hay legislación sobre violencia doméstica ni sobre acoso sexual.
En todos los países estudiados se percibió una notoria brecha en la capacidad de las mujeres de las zonas rurales para acceder a la justicia.
2- La violencia contra las mujeres y el sistema económico global
Un eje común a los cuatro países es la preocupación en cuanto al impacto de los modelos comerciales y migratorios globales sobre el bienestar de las mujeres. Esto incluye inquietudes sobre el tráfico de mujeres y niñas y cuestionamientos sobre el bienestar de los trabajadores/as en el exterior del país, las mujeres pobres y el tráfico de imágenes de mujeres sin su consentimiento (informado o no).
El problema se hace muy evidente en la preocupación expresada en el informe de Filipinas acerca de las novias de encargo por correo y las dificultades que enfrentan los/as trabajadores/as fuera de su país. En el informe de Camboya se presta especial atención al tráfico de imágenes de mujeres con o sin su consentimiento y a la amplia disponibilidad de videos de sexo en jemer. En un caso extremo que se cita, una pareja le enseñó a su hija de siete años a filmarlos mientras tenían sexo. La pobreza – tanto de tiempo, como de recursos – se presenta también como una de las razones por las que las mujeres no adoptan las TIC, ni siquiera cuando se les ofrece capacitación. Las mujeres están poco representadas en todos los niveles de uso de las TIC en Camboya, lo que limita sus posibilidades de obtener beneficios y de influir a nivel político.
Malasia, como se dijo, es un lugar importante de tráfico y figura en la lista negra del Departamento de Estado de Estados Unidos por tráfico humano (6). A pesar de ser el más rico de los países estudiados, el efecto de la pobreza es evidente. Las mujeres malasias más afectadas por el tráfico provienen de las poblaciones indígenas que son las más pobres según todos los indicadores socioeconómicos.
Otra inquietud en Malasia es el abuso de las trabajadoras domésticas, sobre todo las que vienen de los países vecinos. A diferencia de Filipinas, donde la preocupación es proteger a los filipinos y filipinas que trabajan en el exterior, Malasia es un país receptor de extranjeros pero cuenta con un marco muy pobre para la protección de los derechos de las trabajadoras extranjeras. Los medios han cubierto ampliamente este tema pero también han tratado de equilibrar las denuncias en ese terreno con la cobertura de la supuesta explotación de trabajadores domésticos emigrantes, lo que afecta aún peor al desequilibrio de poderes entre empleador/a y empleado/a.
En Pakistán, el vínculo más visible con el sistema económico global son las áreas militarizadas, con un importante conocimiento de las actividades militares en las zonas limítrofes. Esto influye sobre la violencia contra las mujeres de dos maneras: por un lado, las autoridades centrales tienen grandes dificultades para imponer una legislación nacional de protección de los derechos de las mujeres; por otro lado, la importancia que tienen dichas actividades militares en el discurso político distraen la atención e imposibilitan la adopción de un enfoque basado en los derechos.
>3- Violencia contra las mujeres y libertad de expresión
En todos los países del estudio suele utilizarse la necesidad de “proteger” a las mujeres y las niñas de la explotación o de la exposición a imágenes explotadoras como razón para anular la libertad de expresión en línea. Es evidente que no hay que desestimar el daño a las mujeres y las niñas que provoca la pornografía, tanto su producción como su impacto. Pero la suspensión de la libertad de expresión suele enmarcarse más bien en políticas de control que en maneras de minimizar el daño – por ejemplo, el gobierno de Malasia anunció en 2009 que se proponía replicar el “Gran firewall de China” con el fin de proteger a los niños y niñas (7).
Este vínculo de la violencia contra las mujeres con la libertad de expresión es especialmente problemático en los países que tienen mala fama en cuanto al respeto de la libertad de expresión. Filipinas, el país con mayor libertad de prensa de los cuatro estudiados, es uno de los lugares más peligrosos del mundo para el periodismo: los asesinos de periodistas que comparecen ante la justicia son los menos y existe una cultura de impunidad que ampara tanto a quienes asesinan periodistas como a aquellos que matan activistas por los derechos humanos.
Los otros tres países analizados cuentan con medidas oficiales contra la libre expresión y casi no se reconoce la importancia que tiene la libertad de expresión o el impacto de la legislación antipornografía sobre el acceso de las mujeres (sobre todo las más jóvenes) a la información necesaria sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
Simultáneamente, el problema de la falta de control que tienen las mujeres sobre su propio cuerpo o las imágenes del mismo es global. Si bien se tomaron medidas contra una adolescente de Camboya que fue filmada mientras tenía sexo, no quedó claro qué acción se tomó contra quienes distribuyeron ese video, supuestamente realizado sin el consentimiento de la muchacha. Claro que este no es un problema exclusivo de los países asiáticos pero en todos los que se incluyeron en este estudio, el discurso sobre la protección de las mujeres y las niñas es más fuerte que las acciones contra quienes se dedican a la explotación de imágenes de mujeres que no prestaron su consentimiento.
Es necesario tratar el problema de la pornografía y el sexo pago desde un marco de derechos humanos, equilibrando la necesidad de privacidad y protección de las mujeres, con el derecho de todos y todas a la libertad de expresión.
4 – No existe una actitud basada en los derechos en relación a las políticas de TIC
La sociedad civil y en particular el movimiento de mujeres no tienen un compromiso sustancial con la formulación de políticas de TIC en ninguno de los países estudiados. En Malasia, Camboya y Pakistán la idea de que las TIC son neutras en cuanto al género es la que guía el debate sobre las TIC y las políticas del área. Quienes intentan aportar consideraciones relativas a los derechos al debate suelen ser acusados/as de querer “politizar” internet y el argumento subyacente es que una web privada no es política (8). Si bien en todos los países se habla hasta cierto punto de la brecha digital y el acceso a las TIC, sobre todo a internet y las aplicaciones basadas en la web, se discute poco sobre otras consecuencias sobre las relaciones de género.
A nivel internacional, igual que en Asia, esto no se aplica solamente a los y las responsables de la formulación de políticas sino también a los movimientos de mujeres y los derechos humanos. En Filipinas, a pesar de que se reconoció en 2003 que no se había adoptado una perspectiva de género en la toma de decisiones sobre las TIC, se han tomado pocas medidas para rectificar la situación. Esto se debe en parte a la ausencia de confianza de los y las activistas en su capacidad para involucrarse en el discurso sobre las TIC y en buena medida también a la carencia de recursos, como se deduce del caso de Malasia.
Estas brechas se vuelven más complejas con el discurso neoliberal en torno de las políticas de TIC – desregulación en Filipinas, por ejemplo. Cuando el discurso se basa en el mercado, como en Malasia y se centra en la maximización del rédito, la seguridad y los derechos humanos suelen considerarse superfluos.
<>strong>5 – Escasez de datos sobre violencia contra las mujeres, las TIC y la intersección entre ambas áreas
A los/as autores/as les parece que en ninguno de los países estudiados había información adecuada sobre el número de mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia, sobre el uso de las TIC para cometer actos de violencia contra las mujeres o sobre el número de mujeres influidas por las TIC. A esto se suma que la violencia contra las mujeres suele ser un delito poco denunciado, al igual que la mayoría de los delitos y crímenes contra las mujeres como la violación sexual y la violencia doméstica que no se denuncian, ya sea por miedo a las consecuencias o porque la violencia doméstica, según señala el informe de Filipinas, se sigue considerando un asunto privado que debe quedar dentro de la familia.
En Pakistán, por ejemplo, las estadísticas sobre violencia contra las mujeres se realizaron en base a notas de prensa, lo que indica que no existen estadísticas oficiales sobre ese punto. Esto significa no solo que los casos que no se denuncian a los medios no figuran en las estadísticas sino también que los delitos “valiosos” en términos mediáticos, como los asesinatos por honor, tienen una representación exagerada. Si bien el estudio reconoce estas limitaciones, es difícil tener una imagen de la gravedad, el alcance e incluso las formas de violencia de género existentes en el país. Pakistán cuenta con estadísticas de uso de telefonía móvil discriminadas por género pero no hay datos sobre otras TIC y su uso.
En Malasia hay estadísticas sobre violencia contra las mujeres pero la información disponible es limitada: si bien se establece una discriminación geográfica, las estadísticas de penetración de las TIC no hacen distinciones de género. La policía se mostró reacia a brindar datos sobre violación y violencia doméstica, con el argumento de que se trata de información delicada.
En Filipinas existen estadísticas sobre “mujeres en circunstancias especialmente difíciles”. Pero la principal causa de esos casos es “información clasificada”, lo que hace que resulte difícil entender lo que subyace a las circunstancias. También hay “carencias informativas”, como en todas partes, sobre la intersección entre violencia contra las mujeres y TIC, lo que la vuelve una importante brecha en términos de políticas.
6 – Herramientas para violentar
Las TIC constituyen una herramienta muy valiosa para combatir la violencia contra las mujeres pero también las utilizan quienes perpetran violencia de género para ampliar su control sobre las víctimas.
La telefonía móvil se encuentra por todas partes de Asia. En Pakistán y en varios otros países, los hombres controlan la tecnología y, en los demás países analizados, un alto número de hombres y mujeres tiene acceso a la tecnología móvil. Si bien la telefonía móvil ya se había utilizado en la región para acosar y vigilar a las mujeres – anónimamente o no-, los perpetradores de violencia están utilizando ahora imágenes de sus teléfonos celulares para acosar y amenazar a las mujeres. En Malasia, por ejemplo, las activistas mujeres hacen referencia al uso de imágenes íntimas para chantajear a las mujeres cuando quieren romper una relación, sobre todo a las más jóvenes. En Camboya ocurren situaciones similares con videos filmados de común acuerdo en forma privada, que luego se utilizan para humillar y avergonzar a las mujeres y, en el caso de una actriz famosa, se pusieron a disposición en línea imágenes tomadas sin su consentimiento.
Si bien ninguno de estos problemas es exclusivo de Asia, todos ponen sobre la mesa temas inquietantes como la propiedad de las imágenes y el deber de los proveedores de internet, los propietarios de los sitios web y el gobierno de pensar creativamente para encontrar formas de proteger la privacidad y la santidad del cuerpo representado de un individuo. El abuso ya no se limita a lo que le sucede a nuestro cuerpo físico sino también a lo que le ocurre a nuestro cuerpo virtualmente.
Otro tema que surge es la longevidad de las imágenes en línea. En Filipinas, un médico de celebridades inició un juicio por imágenes que aparecieron en línea de él y su novia sin su consentimiento pero las imágenes siguen disponibles.
En el trabajo sobre Filipinas se plantean inquietudes sobre la generalización del sexo pago en línea. A pesar de reconocer la multiplicidad de experiencias que llevan a las mujeres a dedicarse al trabajo sexual, el informe señala con preocupación que es probable que sean necesidades económicas las que llevan a las mujeres a volverse trabajadoras sexuales en países como Filipinas y que puede ser difícil diferenciar entre el sexo pago y de mutuo acuerdo y la violencia de género. También se analiza el tráfico y otras formas relacionadas de violencia contra las mujeres.
7 – Herramientas para construir
Una de las principales herramientas para generar resistencia para frenar la violencia contra las mujeres y empoderarlas fue nuevamente el teléfono móvil, en parte debido a su accesibilidad. En Pakistán, por ejemplo, algunas mujeres utilizaron teléfonos móviles para escapar a situaciones de violencia. En Camboya, una pareja acusada de sexo a la fuerza utilizó el video de sus teléfonos para mostrar que su relación era de mutuo acuerdo.
Internet ofrece también un espacio para los y las activistas por los derechos de las mujeres. Si bien la forma principal de participación parecen ser los sitios web estáticos, esto puede deberse a que los sitios de internet no constituyen la mejor forma de alcanzar a las víctimas potenciales o actuales de violencia de género, ya que es menos probable que las mujeres controlen los computadores y tengan tiempo para aprender lo necesario para navegar por la web con confianza, mientras los hombres si lo hacen. Sin embargo, como se ve en la experiencia de los cuatro países analizados, internet es una herramienta de intercambio de información a nivel nacional, regional e internacional.
El informe de Pakistán también destaca el rol que pueden tener los individuos al poner temas a consideración de la opinión pública a través de blogs personales, colgando información sobre abusos e iniciando debates.
El informe de Filipinas destaca una buena práctica que combina el uso de SMS y servicios web para brindar un servicio de emergencia a los trabajadores y trabajadoras de Filipinas en el extranjero. Los trabajadores y trabajadoras inmigrantes suelen estar aislados y tienen dificultades para acceder a los servicios de internet pero este número de emergencia sirvió para el rápido suministro de apoyo tanto a hombres como a mujeres en apuros – la mitad de las que llamaron eran mujeres y las 200 llamadas realizadas incluyeron dos casos de violación y uno de acoso.
Consideraciones finales
Las mujeres y los movimientos que las nuclean en los cuatro países estudiados han realizado un gran esfuerzo y obtenido grandes logros pero aún queda mucho trabajo por hacer para resolver tanto los problemas tradicionales como los nuevos. Es fundamental que la violencia de género y las TIC se reconozcan como parte integrante de la batalla en curso contra la violencia hacia las mujeres y que si bien existen nuevas manifestaciones de violencia, las cuestiones subyacentes como el poder, la desigualdad y la injusticia siguen siendo las mismas. Con este concepto las feministas pueden reconocer que, a la hora de participar en las políticas y el discurso en torno de las TIC, el conocimiento tecnológico es menos importante que la adopción de un compromiso con el empoderamiento y los derechos humanos. Uno de los principales motivos por los que las mujeres y los movimientos de mujeres no están en línea es la suposición de que la tecnología es neutral en relación al género y que habría que dejar las decisiones en manos de los/as “expertos/as”, mientras los hombres y mujeres comunes son receptores pasivos de la tecnología.
Es fundamental que la sociedad civil exija que los y las responsables de las decisiones políticas se hagan cargo del impacto que tienen sus decisiones sobre la vida de las personas marginadas, sobre todo las mujeres y garanticen que los mejores resultados posibles se midan según el impacto en la vida de las personas, en lugar de hacerlo en base a los márgenes de ganancia de las empresas de TIC – que suele ser el modo en que parecen elaborarse las políticas en países como Malasia: incluso cuando se registran resultados positivos en relación a los derechos humanos y la violencia contra las mujeres, como la garantía de la libertad de expresión en línea, los potenciales inversores lo han solicitado.
En los últimos tiempos las organizaciones de mujeres de la región ya están aprovechando las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo en red, el acceso a la información y la provisión de nuevos servicios. Si se multiplican algunas de estas iniciativas, como el SMS SOS de Filipinas, se aumentaría la protección para las mujeres, también se fomentaría el aprendizaje y surgiría un mayor caudal de nuevas ideas.
Notas
(1) Sonia Randhawa es una activista por los derechos de comunicación de Malasia, que actualmente vive en Melbourne, Australia. Es directora del Centro de Periodismo Independiente de Malasia y editora de GenderIT.org en inglés.
(2) PGMA to sign Magna Carta of Women tomorrow, 13 de agosto de 2009, se puede consultar en http://www.gov.ph/index.php?option=com_content&task=view&id=2001421&Item...
(3) Consulte el Global Gender Gap Report (Informe sobre la brecha mundial de género) en http://www.weforum.org/pdf/gendergap/rankings2009.pdf
(4) Estadísticas del GADPortal, http://www.ncrfw.gov.ph/index.php/statistics-on-filipino-women/14-factsh..., consultadas el 9 de febrero de 2010.
(5) La Ley Hudood pretendía implementar la ley islámica de la Shar´a prescribiendo los castigos previstos en el Corán para la fornicación, el adulterio y la violación.
(6) Trafficking in Persons Report 2008 (Informe sobre tráfico de personas), Departamento de Estado de Estados Unidos, disponible en http://www.state.gov/documents/organization/105501.pdf
(7) Consulte Malaysia plans Internet filter, tougher controls (Malasia propone filtrar internet y endurecer el control), Reuters, 6 de agosto de 2009, en http://www.reuters.com/article/idUSSP39843320090806
(8) Ver, por ejemplo, Internet could face 'grave threat' at WSIS, lawmaker says, Washington Internet Daily, 19 de octubre de 2005, http://www.wgig.org/news/grave.html

Publication date

Year of publication

2010

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