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“Internet se ha convertido en un medio clave para que los individuos puedan ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión, garantizada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.” (informe anual de la Relatoría Especial para la libertad de expresión, 2011)

Las defensoras de los derechos humanos han utilizado todos los medios a su alcance para lograr que su labor, generalmente realizada en condiciones de desventaja y a veces en la precariedad, alcance el mayor impacto posible. La búsqueda de resonancia y amplificación de sus mensajes, sus voces y sus luchas las han llevado a explorar todos los caminos posibles. Sobre todo si el ámbito de defensoría que ejercen tiene que ver con los derechos de las mujeres. Así, el uso de internet y otros medios digitales como herramientas para luchar por los derechos humanos se vuelven cada vez más comunes alrededor del mundo. Sin embargo, al igual que en todos los campos de acción de las defensoras, el uso de estas - además de representar oportunidades - también representa riesgos y amenazas.

Conscientes de este aspecto, desde la campaña ¡Conecta tus derechos! de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones se inició un proceso de investigación en varias regiones del mundo con el objeto de conocer las experiencias y opiniones de las defensoras de los derechos de las mujeres sobre la seguridad en línea, así como evaluar el grado de conciencia al respecto y el interés en adquirir mayores capacidades. Este artículo de GenderIT.org ofrece un adelanto y comentarios sobre algunos de los resultados preliminares, haciendo un ejercicio de análisis de los mismos desde la realidad que enfrentan las defensoras en América Latina.

La encuesta se realizó tanto en inglés como en español y hubo algunas diferencias significativas en los hallazgos obtenidos entre una y otra. Es así que los resultados preliminares muestran diferencias entre las defensoras hispanohablantes y las anglófonas en ciertos aspectos relacionados a incidentes de seguridad en línea. Por ejemplo, las primeras indicaron que sufren menos acoso que las segundas. Ahora bien, frente a este resultado es importante preguntarse si las defensoras de América Latina realmente hacen uso de manera más consciente de las herramientas en línea. ¿O esto podría ser un sesgo de acceso o de algún otro aspecto que se pueda estar pasando por alto?

El número de usuarios/as de internet proveniente de América Latina, tal como lo muestra el cuadro 1, representa el 10.1% de los/as usuarios/as en el mundo (siendo el 9% del total de la población mundial). Así mismo, la proporción de acceso a internet es más alta que la media del resto del mundo. A primera vista estos datos podrían significar que así como en la región latinoamericana se goza de un mayor acceso a internet, las defensoras tendrían un mayor grado de apropiación de las TIC, lo que permitiría suponer la existencia de una mayor conciencia de los peligros y amenazas que representan y, por ende, que existiría un mayor uso de las herramientas para garantizar la seguridad. Sin embargo, hay varios aspectos importantes a tomar en cuenta antes de hacer esa afirmación:

1. América Latina no es una región homogénea entre sí. En el caso de Mesoamérica, la situación de acceso no es tan optimista; al contrario, el acceso a internet marca una brecha amplia no solo entre los países sino en el interior de los mismos. Como se puede ver en el cuadro 2, a pesar de que países como Costa Rica y México superan la media, el resto de los países presentan un acceso muy por debajo de la media mundial. Esta brecha empuja a las organizaciones y a las defensoras a contratar servicios especializados, aunque no sean específicos para defensoras, lo cual puede generar por un lado un mayor nivel de seguridad en los sistemas y, por otro, una mayor desigualdad en el acceso a los servicios debido a la magnitud de los recursos que deben invertirse.

2. La privatización y oligopolios de los servicios de internet generan mecanismos de control. Cuando los operadores de internet son pocas empresas privadas y en su mayoría las mismas para la región, es fácil establecer mecanismos de control en las cuentas que habiliten el control de la información que entra y sale desde sus servidores, restringir y/o cortar la señal en ciertas zonas “conflictivas” o “calientes” y registrar toda actividad, por lo que los ataques directos a defensoras pueden ser menos necesarios.

3. Los niveles de inseguridad. Cuando se vive en zonas de gran descomposición del tejido social, es difícil reconocer e identificar cuándo los ataques son debido al ejercicio de la defensoría de los derechos humanos o cuándo son ataques debido a la delincuencia común. Muchas defensoras solo pueden acceder a internet mediante sus teléfonos móviles, los cuales pueden ser fácilmente robados o bien en sus oficinas - que pueden ser víctimas de atentados o robos - sin que les sea posible contar con mecanismos de investigación confiables para saber con certeza si se trata de un motivo u otro. Por otro lado, las respuestas estatales se centran más en mecanismos de control que en mecanismos de seguridad por lo que, a pesar de la posibilidad de denunciar estos incidentes (en los organismos de delincuencia común y no en órganos especializados), las respuestas son generalmente nulas.

Tomando en cuenta estos tres aspectos y profundizando en algunos resultados de la investigación, se abordarán tres ejes temáticos:

a) Amenazas y sus actores

b) Respuestas y acciones de protección

c) Capacitación: valoración y necesidades

Amenazas y sus actores

Debe resaltarse que la principal amenaza en línea reportada por las defensoras es el acoso. Esta intimidación podría estar estrictamente relacionada con la condición de género de las defensoras ya que, al traspasar las condiciones técnicas y tratarse de un comportamiento, puede ser leída como un componente de discriminación por realizar tareas no tradicionales como el uso de tecnología o el simple hecho de ser mujeres. Además, nos muestra la vulnerabilidad en la que las defensoras realizan en general sus labores.

Como se mencionó al comienzo, de acuerdo con los resultados de la encuesta las anglófonas reportaron que sufren más situaciones de acoso en línea que las hispanohablantes. Paralelamente, estas últimas poseen un mayor nivel de capacitación en prácticas de seguridad, lo que permite deducir que se encontrarían en mejores condiciones que defensoras de otras regiones para prevenir los ataques. En este sentido, vale preguntarse: ¿esas dos situaciones guardan relación? ¿Las defensoras hispanohablantes son más concientes, están más capacitadas y son más proactivas que las anglófonas a la hora de defenderse y protegerse en línea y, por ello, no sufren el acoso en los mismos niveles que las anglófonas? De ser así, ¿esto se debería a sus mayores niveles de capacitación en el tema de seguridad en línea? ¿O a la larga tradición de apropiación y uso estratégico de las TIC de parte de varias organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en la región? (a pesar de la significativa brecha digital de género que detenta América Latina en términos generales)

Pero hay otras líneas por donde es posible indagar en relación a lo anterior. La naturalización de la violencia que impregna a las sociedades latinoamericanas ¿podría considerarse como otro factor a tener en cuenta en la forma en que las defensoras hispanohablantes registraron el acoso en línea y las amenazas en general? A pesar de que la encuesta arrojó índices menores de capacitación en temas de seguridad entre las anglófonas, estas podrían disponer de otras herramientas provistas por el contexto socio-cultural que les permitan identificar el acoso de forma más definida y, por ende, reconocerlo cuando se traslade a los medios cibernéticos. Siguiendo esa idea, ¿existe alguna posibilidad de que no se trate de una mayor ocurrencia real de acoso, si no de los diferentes niveles de habilidades socioculturales para reconocerlo en línea y fuera de ella? Estas reflexiones resultan sumamente útiles para intentar conocer mejor las prácticas de las defensoras en sus regiones y entender cómo prevenir las amenazas en línea de una forma más eficiente.

Por otro lado, entre 20 y 25% de las encuestadas afirman haber enfrentado casos de cuentas de correo electrónico y sitios web hackeados, mientras que sólo entre el 10 y el 15% experimentó la incautación de computadoras o equipos.

Pero ¿quiénes son los autores de estas amenazas? Desde la región mesoamericana, donde hay retrocesos representativos en materia de libertad de expresión y control de los medios cibernéticos con la excusa de la mal llamada “guerra contra las drogas” o “lucha contra el crimen organizado” dependiendo del país del que se trate, es sorprendente encontrar que, a partir de estos resultados preliminares, parece poco probable que las amenazas a la seguridad en línea experimentada por las defensoras vengan de medidas adoptadas abiertamente por los estados. Serían más bien grupos o individuos privados quienes las ejecutan. Sin embargo, existe la posibilidad de que los estados utilicen y/o patrocinen a estos actores para encubrir la represión. En varios países de la región, los empresarios de las telecomunicaciones ostentan cargos estatales que dibujan una línea muy delgada entre gobierno y sector privado que puede ser fácilmente traspasada. De la misma forma, se utilizan a actores subvencionados por la policía para acallar voces de protesta y como factores de control social.

Respuestas y acciones de protección

En cuanto a este apartado, los datos preliminares muestran que las defensoras - siendo congruentes con el papel que desarrollan en sus entornos - no se quedan calladas ante los ataques que reciben. Es así como la solución más popular para enfrentar el problema ha sido hacer campaña en torno al tema. Esto puede deberse a que el instrumento fue aplicado mayoritariamente a defensoras que usan la tecnología y las comunicaciones como herramienta fundamental para el desempeño de su labor.

Las defensoras son propensas a resolver los problemas o amenazas por ellas mismas casi de igual forma que a pedir ayuda externa. Sin embargo, esa ayuda externa nunca se refiere a la policía. Por el contrario, muestran una gran desconfianza en las fuerzas policiales tanto para reportar como para resolver las amenazas. Estas desconfianzas, que se dan en América Latina en un marco general regional de historias de dictaduras y represión, se deben no solo a que los entes policiales y de justicia no tienen herramientas para dar respuesta a las denuncias sino también a que, en muchas ocasiones, son los entes policiales mismos los que están involucrados en los ataques. Esto no libera a los entes estatales de su responsabilidad en la protección y de brindar respuestas a las defensoras, lo cual sigue siendo un asunto pendiente.

Sería lógico o esperable encontrar que, a mayor reporte de incidentes, hubiera una mayor respuesta. Paradójicamente, las defensoras anglófonas son más propensas (1/3) a ignorar el problema, mientras que las hispanohablantes parecen tomárselo más en serio. ¿Esta variación podría deberse a que los incidentes reportados por las defensoras hispanohablantes son entendidos como más graves? ¿O al hecho de que las defensoras anglófonas contarían con entornos más seguros que les permitirían garantizar su integridad a pesar de las amenazas?

Otro aspecto destacable es que las defensoras no se plantean como medida de seguridad mudarse a un nuevo servidor o medio. Al contrario, una de cada cinco reporta el problema al propietario del sitio. Cabe preguntarse si esta confianza en los operadores muestra las carencias de información sobre el funcionamiento de estos sitios.

A modo de respuesta, más de la mitad de las organizaciones entrevistadas cuentan con una política de seguridad en línea. Alrededor del 90% de las defensoras tienen antivirus y más de la mitad utiliza un navegador seguro a través de adds-on. La eliminación segura de archivos es usada por más de la mitad de las hispanohablantes y por menos del 15% de las anglófonas. Es preocupante saber que, además de lo anterior, menos de un cuarto del total usa otras medidas de seguridad, o que menos de la mitad de las entrevistadas están preocupadas por cuestiones legales a pesar de la creciente penalización del uso y promoción de estas herramientas en algunos países de la región.

Capacitación: valoración y necesidades

Uno de los resultados más interesantes de esta encuesta es que, sin importar cuál es el acceso que las defensoras tengan a internet, todas reclaman mayor información y capacitación al respecto. Es posible apreciar que la oferta educativa en estos temas no es suficiente: “yo estudié ingeniería informática y nunca me enseñaron cómo funcionan realmente los sitios y los sistemas y mucho menos me dijeron que existían otras formas de protegerse u otros tipos de software que no fueran privativos, eso lo he ido aprendiendo en el activismo”, manifiesta la defensora hondureña de los derechos de las mujeres Hedme Sierra.

Las capacitaciones disponibles casi nunca son lo suficientemente constantes y muchas veces carecen de seguimiento por diversas razones. No es casual que las defensoras reclamen mayor formación, aunque resulta curioso que las necesidades expresadas no corresponden a lo que identifican como mayor amenaza (acoso) sino a su mayor temor contabilizado como compartido por más del 70% de las encuestadas: que se comparta información personal y/o privada a través de las redes sociales sin su conocimiento o consentimiento. Por esto, la mayoría de las defensoras dijo necesitar formación en seguridad en las redes sociales, la protección de identidad en línea y la privacidad y seguridad en campañas en línea.

Ahora bien, la expresa necesidad de contar con redes sociales más seguras revela que estas herramientas son muy utilizadas por las defensoras y las capacitaciones ofrecidas por entes como APC hacen que el uso de estas herramientas sea más seguro, al enseñar y concientizar a las usuarias sobre su manejo y las formas de protegerse. No obstante, sería interesante saber si al contar con mayor capacitación podría provocarse que las defensoras comiencen a familiarizarse con sitios más seguros y no privativos como Ecobook y otros medios que no estén sujetos al juego del mercado, contribuyendo así a una revolución más coherente e igualitaria.

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Lee el informe completo de la encuesta ¿Cuáles son las preocupaciones y amenazas relativas a la seguridad digital que enfrentan las defensoras de los derechos humanos?

Este artículo forma parte de la campaña de APC “¡Conecta tus derechos! Los derechos en internet son derechos humanos” financiada por la Agencia Sueca Internacional de Cooperación para el Desarrollo (Sida)

Imagen publicada con permiso de JASS Mesoamérica