La coalición está impulsando una campaña de presión al Congreso para que no entregue el control de Internet a las empresas, para que puedan determinar lo que la mayoría de usuarios hagan y vean en línea. Denuncia que varios congresistas, a cambio jugosas donaciones de campaña de las grandes empresas de telecomunicaciones, han asumido la defensa de una Ley a favor de estas empresas, bajo el argumento de que "el Internet no puede ser gratuito".
"Dentro de poco, la libertad de Internet podría estar cercada por las empresas telefónicas y del cable", resalta la Coalición (1). Éstas se convertirían en "porteros" de Internet, con la potestad de discriminar entre diferentes tipos de tráfico. Implicaría que los portales Web con mayor capacidad de pago podrían tener acceso a rutas rápidas, mientras que los sitios que no pagan el peaje estarían condenados a la vía lenta.
Entre los ejemplos que la coalición cita de lo que significaría, menciona que "la acción política se podría retrasar porque un puñado de proveedores de Internet dominantes exijan primas de "protección" a los grupos de presión, para que sus sitios Web funcionen óptimamente". Los buscadores más rápidos serán aquellos que pueden pagar más a los proveedores. Y para los "bloggers", los costos para compartir clips de video y audio podrían dispararse, silenciando a los comunicadores/as ciudadanos/as, concentrando aún más el poder en manos de los medios corporativos.
¿Cuáles serán las implicaciones para quienes viven en el Sur? En América Latina, el tráfico de Internet en un alto porcentaje pasa por los servidores de EE.UU. De las decisiones que adopte el Congreso estadounidense depende que se acorten o se amplíen las brechas en el acceso y capacidad de difusión en Internet.
Este hecho pone en evidencia, una vez más, la urgencia de implementar un sistema de gobierno de Internet que no dependa de un solo país, y de crear infraestructuras distribuidas geográficamente.
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