De hertz y bits: radios comunitarias y derecho a la comunicación en los territorios digitales

¿Puede explicarse la historia de la defensa del derecho a la comunicación en América Latina a través de un gramo de plata? Los metales extraídos de las minas de Potosí dieron la vuelta al mundo, desde América Latina hasta Europa o China. La riqueza era tal que la explotación parecía no tener fin; así, el expolio que comenzó durante la colonia continuó durante siglos. Las condiciones de trabajo de los mineros eran deplorables. A fines de la década de 1940, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) comenzó las transmisiones de ‘La voz del minero’, una radio que les permitiría organizarse y que, en apenas unos años, se convertiría en una red integrada por 26 emisoras.

Esta experiencia marcó el inicio de una larga tradición de radiofonía comunitaria en el continente. La radio era un medio barato de emitir y recibir y, al contrario que los periódicos, no requería saber leer para consumirla. Las Iglesias –católica y evangélica–, las comunidades y los movimientos sociales rápidamente la adoptaron en sus estrategias políticas y mediactivistas diversificando este tipo de experiencias. Entre 1947 y principios de la década de 1980, surgieron principalmente radios sindicales, religiosas, educativas y guerrilleras. Luego, con el final de las dictaduras, proliferaron las radios emplazadas en los grandes centros urbanos que luchaban por la memoria histórica y resistían a las medidas de ajuste de los gobiernos neoliberales. Ya entrado el siglo XXI, las radios comunitarias formaron parte de movimientos feministas, ecologistas, indígenas, de defensa del territorio, en lo que se denominó el “movimiento altermundista” o antiglobalización.

¿Puede explicarse la historia de la defensa del derecho a la comunicación en América Latina a través de un gramo de plata?

A medida que se fueron multiplicando las experiencias, el movimiento de radios comunitarias se fue consolidando y adquiriendo demandas propias: el acceso a frecuencias, la pluralidad de actores ante la concentración en la propiedad de los medios, la diversidad de voces, las agendas informativas de base, el derecho a no ser perseguidas, etc. El derecho a la comunicación, un concepto paraguas que aúna derechos como la libertad de prensa, de expresión, de reunión, a la educación, la cultura, etc. –y que es un derecho ciudadano, no exclusivo de los medios–, se convirtió en la bandera del sector.

A fines de los 70 la comunidad internacional se hizo eco de estos debates y comenzó a estudiar los problemas internacionales de la comunicación a través de una comisión convocada por la Unesco. La comisión, llamada MacBride en alusión a su presidente, recogió el guante del Movimiento de Países No Alineados que proponía un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic).

El informe final denunció el desequilibrio de los flujos informativos entre el Norte y el Sur y “la concentración de las tecnologías de las comunicaciones en un número relativamente pequeño de países desarrollados y corporaciones transnacionales”.1 Pero las presiones de Estados Unidos y el Reino Unido, escenificadas en su partida de la Unesco, lograron enterrar el informe y encauzar a la Unesco nuevamente en la tradición norteamericana de la libertad de los flujos informativos que condena cualquier tipo de intervención en el sistema de medios. Lo que puede haberse leído como un fracaso institucional, no fue más que la comprobación de que las demandas de las radios comunitarias eran acertadas.

Una Sociedad de la Información que perdió la memoria

Por esos años, a partir de la expansión de los dispositivos electrónicos y de las redes informáticas en los países del Norte, los países centrales y organismos internacionales comenzaron a debatir cómo debía desarrollarse la llamada “Sociedad de la Información”. Ya en 1971 el Japan Computer Usage Development Institute (JACUDI) desarrolló un plan en ese sentido. Le siguieron las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en las que Al Gore promocionó las “autopistas de la información” y expresó que la “privatización, competencia y liberalización” continuarían siendo piedras angulares de las políticas de comunicación.2 O el famoso Informe Bangemann, encargado por la Comisión Europea en 1994, y que estableció que “la creación de la Sociedad de la Información en Europa debería confiarse al sector privado y a las fuerzas del mercado”.3 La hegemonía de la agenda neoliberal de la década de 1980 –con Thatcher y Reagan como sus adalides– también se trasladaba al mundo de las telecomunicaciones.

Con el principio de siglo llegó la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, encargada por la Asamblea General de Naciones Unidas a la UIT, con el objetivo de establecer las bases y principios del futuro digital. Sin ningún tipo de perspectiva histórica y obviando los debates que se habían dado veinte años antes, la Cumbre volvió a reforzar el modelo mercantil de la comunicación global impulsado por el sector privado.

Activistas, periodistas y personas de la academia, entre quienes se encontraban organizaciones y medios comunitarios, trabajaron fuertemente para incorporar una perspectiva de derechos humanos y de género a la construcción de esta Sociedad de la Información. Dos de las iniciativas más fuertes fueron la Campaña por el Derecho a la Comunicación en la Sociedad de la Información (CRIS, por sus siglas en inglés), que retomó la perspectiva de derechos propuesta en el Informe MacBride y la incorporó a sus reclamos, y el Grupo de Trabajo de ONG en Estrategias en Género, que impulsó la agenda de género y tecnología.

Durante ese período, las radios y medios comunitarios latinoamericanos también alcanzaron avances importantes, logrando su reconocimiento y la reserva de espectro en las legislaciones nacionales, como fue el caso de Uruguay, Argentina, Bolivia y Ecuador. Aún con sus idas y venidas en la reglamentación e implementación, por supuesto, fue un logro indiscutible. Y mientras, en paralelo, la penetración de las tecnologías digitales ofrecía una idea de democratización de la comunicación mediada en la que todxs participaríamos sin distinción de la esfera pública conectada.

Las radios recibieron emocionadas la oportunidad que les brindaban estas herramientas, sin dejar de luchar por un sistema de medios democrático. Pero el panorama mediático se volvía cada vez más complejo: menos actores y cada vez más concentrados, ahora a escala global. Pensemos en las principales empresas tecnológicas –GAFAM, en Occidente, y BATX, en Oriente4– y en los grandes conglomerados de medios –Disney, Comcast, WarnerMedia y -ViacomCBS–. La concentración mediática informacional ya no era nacional sino, también, internacional.

Las radios recibieron emocionadas la oportunidad que les brindaban estas herramientas, sin dejar de luchar por un sistema de medios democrático.

Actualización de la agenda política

 
 

La potencia arrolladora del sector tecnológico se asienta sobre algunos mitos muy potentes: su inevitabilidad –este es el progreso, único e indiscutible–; la neutralidad de la tecnología –las herramientas no tienen ideología, depende de cómo se usen, de modo que la responsabilidad recae en los usuarios–; la tecnología hace que nuestra vida sea más cómoda, eficiente y nos ahorre tiempo –tiempo para seguir produciendo, ni siquiera para dedicar a los cuidados–; el sector de las telecomunicaciones puede autoregularse –los Estados, que no entienden nada de esto, no pueden decir qué hacer y qué no hacer–. Pero los movimientos sociales conocen de cerca estos argumentos: los han escuchado y rebatido respecto a la producción de alimentos, la reducción del Estado, los servicios públicos, etc. Sin embargo, el mundo tecnológico parece tan incomprensible que el ejercicio de pensar alternativas en este ámbito resulta más lejano.

A mediados del siglo XX los sindicatos mineros hicieron de la comunicación mediada una aliada estratégica de su lucha política, impulsando procesos de organización social para la mejora de las condiciones laborales a través de la radio. Hoy, esta nueva fase del capitalismo –digital y tecnofetichista– se sostiene, una vez más, sobre la extracción extensiva de bienes de la naturaleza. Un extractivismo feroz de coltán, casiterita o litio, que no sólo amenaza a la naturaleza sino que explota a quienes trabajan en las minas en condiciones inhumanas, y criminaliza o asesina a quienes defienden los territorios. Ya no se trata siquiera de la inmoralidad de conectar miles de millones de aparatos, como propone la “revolución” del 5G, cuando todavía queda más de un tercio del mundo sin conectividad, sino de la vulneración sistemática de derechos humanos y derechos de la naturaleza.

El reclamo de las radios comunitarias por el acceso al espectro radioeléctrico no era por las licencias en sí, sino por los derechos que ampliaba la posibilidad de emitir. Lo mismo ocurre con las tecnologías digitales: la búsqueda de un modelo alternativo de desarrollo tecnológico abierto, descentralizado, comunitario, justo y sostenible resulta indispensable para garantizar los derechos humanos en esta era. Muchas comunidades ya están ensayando estos modelos y radios comunitarias de toda la región son parte de estas iniciativas: gestionan redes comunitarias de Internet y telefonía celular, usan y desarrollan software libre, comparten sus contenidos con licencias libres, administran servidores autónomos, y cuidan su privacidad y seguridad digitales.

Creemos que las radios comunitarias tienen un rol central ante el desafío de politizar la tecnología. No sólo por su lectura inequívoca sobre cómo la concentración de medios resulta una amenaza para la democracia, sino porque las concierne directamente: las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas vitales para impulsar una comunicación transformadora. Politizar la tecnología, vincularla a la discusión por los derechos humanos, es una tarea que convoca a todas las radios y medios comunitarios del mundo.

Este y otros debates pueden profundizarse en el libro ‘Politizar la tecnología. Radios comunitarias y derecho a la comunicación en los territorios digitales’, disponible en Radios Libres: https://radioslibres.net/politizar-la-tecnologia.

Creemos que las radios comunitarias tienen un rol central ante el desafío de politizar la tecnología. No sólo por su lectura inequívoca sobre cómo la concentración de medios resulta una amenaza para la democracia, sino porque las concierne directamente: las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas vitales para impulsar una comunicación transformadora.