Tiéndeme una trampa y acaba conmigo: Obligaciones legales de las apps de citas para combatir la violencia sexual

Una investigación hecha recientemente por ABC en Australia reveló que cientos de personas experimentan acoso y abuso sexual en Tinder, y lo más abrumador es que Tinder suele ignorar a quienes solicitan ayuda a la app luego de sobrevivir a alguna de esas situaciones. El estudio vuelve a poner en el candelero la necesidad de que haya intermediarios de internet, incluso en las empresas de citas en línea, que tomen medidas más activas para combatir la violencia de género que habilitan esas plataformas. El público exige cada vez más que las apps y los sitios web de citas como Tinder, Bumble, Grindr y Hinge asuman esta responsabilidad moral, pero la posición legal sobre el asunto es poco clara.

La mayoría de los países carecen de un marco legal claro que establezca las obligaciones o responsabilidades de los intermediarios en relación a la prevención y respuesta frente a casos de violencia de género contra mujeres en línea, y menos aún en lo que se refiere a violencia sexual fuera de línea que haya sido facilitada por las plataformas en línea. En algunos países, las disposiciones de protección legal establecidas para preservar la libertad de expresión en línea, cuyo objetivo era proteger a los intermediarios de la responsabilidad sobre los contenidos de terceras partes que se alojaran en sus plataformas, se ampliaron para proteger a los intermediarios de cualquier responsabilidad por las acciones ilegales cometidas por terceras partes utilizando la plataforma. Por ejemplo, en Estados Unidos, Grindr resultó exento de responsabilidad bajo la sección 230 de la Ley de decencia de las comunicaciones (la disposición de protección legal en el derecho de Estados Unidos). Esto fue así a pesar de que Grindr no llevó a cabo ninguna acción en respuesta a más de cincuenta solicitudes de eliminar perfiles falsos creados por la ex pareja de un usuario, que llevaron a que cientos de hombres acosaran al usuario en su hogar. Por otro lado, los tribunales de justicia de Israel hallaron culpables a sitios web de citas que no habían eliminado perfiles falsos que utilizaban información personal de otro usuario/a y dictaminaron el pago de compensaciones para tales casos.

La mayoría de los países carecen de un marco legal claro que establezca las obligaciones o responsabilidades de los intermediarios en relación a la prevención y respuesta frente a casos de violencia de género contra mujeres en línea, y menos aún en lo que se refiere a violencia sexual fuera de línea que haya sido facilitada por las plataformas en línea.

Las disposiciones de puerto seguro de la mayoría de las legislaciones obligan a los intermediarios a ejercer determinadas obligaciones de diligencia debida para evitar ser responsables. En cuanto a los contenidos ilegales en línea, dichas obligaciones de diligencia debida suelen implicar que el intermediario puede ser responsable por no eliminar un contenido luego de ser informado de que alberga contenidos ilegales. Sin embargo, este modelo varía según el país – en algunos países se requiere una orden judicial, mientras que en otros se adopta el mecanismo de notificación y contranotificación por la cual se requiere que la tercera parte sea oída antes de eliminar el contenido.

Aplicar estas obligaciones de diligencia debida a casos de violencia de género (ya sea bajo la forma de acoso/abuso en línea o de violencia fuera de línea facilitada por las plataformas en línea) puede hacer que las aplicaciones de citas en línea se vean obligadas a tomar las siguientes medidas con el fin de responder mejor y proteger a las usuarias de sus plataformas ante la violencia de género:

• Tomar medidas proactivas: Algunos países se inclinan por la introducción del deber de cuidado para que los intermediarios protejan a sus usuarios/as de daños en línea. En el contexto de las aplicaciones de citas en línea, esto podría implicar el requisito de verificación obligatoria de la identidad de los usuarios y usuarias, o la verificación de antecedentes para asegurar que las personas con antecedentes por delitos sexuales no puedan registrarse en la aplicación. Algunas aplicaciones pagas de citas en línea adoptan este tipo de precauciones, pero las aplicaciones, o versiones gratuitas no lo hacen. Verificar los nombres de usuarios en los registros oficiales de personas halladas culpables de delitos sexuales podría considerarse una medida básica y sencilla que pueden tomar las aplicaciones para proteger a sus usuarias de situaciones de violencia sexual. En Estados Unidos, el subcomité de Supervisión y Reforma del Congreso de Estados Unidos investigó a las aplicaciones de citas en línea a principio de este año por permitir que agresores/delincuentes sexuales utilizaran sus servicios. Sin embargo, muchos países del Sur global no llevan registros de delitos sexuales. En países que no cuentan con esos registros, sería más difícil y más costoso realizar ese control para dejar a los abusadores sexuales fuera de la aplicación. Además, exigir que todos los usuarios y usuarias se sometan a un control de antecedentes penales antes de registrarse en una aplicación de citas en línea también genera varios problemas legítimos de privacidad y pone a disposición de compañías tales como Tinder una serie de datos personales delicados. Por ende, varios estados de Estados Unidos que aprobaron leyes para regular la seguridad de las citas en línea no exigen el control de antecedentes criminales. En lugar de ello, esas leyes obligan a los sitios web de citas a publicar notificaciones de seguridad para sus usuarios y usuarias, y si no se realizan controles de antecedentes, a revelarle abiertamente a sus usuarios y usuarias que ese sitio web no lleva a cabo ese tipo de investigaciones y controles.

Exigir que todos los usuarios y usuarias se sometan a un control de antecedentes penales antes de registrarse en una aplicación de citas en línea también genera varios problemas legítimos de privacidad y pone a disposición de compañías tales como Tinder una serie de datos personales delicados.

En lugar del chequeo de antecedentes, se ha sugerido la posibilidad de que sea obligatorio realizar la verificación de identidad a través de diversos medios, tales como la vinculación a un perfil de red social, o requerir que los usuarios/as presenten copia de un documento de identidad aprobado por el gobierno. La verificación de identidad puede ayudar también a combatir el problema de usuarios que crean múltiples perfiles diferentes incluso después de que se elimina su perfil a raíz de una denuncia por abuso. En India, el gobierno promulgó orientaciones en relación a la Ley de tecnologías de la información para los sitios web matrimoniales establece que los intermediarios tienen la obligación de publicar claramente los detalles del mecanismo de reparación por agravios, así como cuál es el/la funcionario/a designado/a por el sitio web para resolver querellas. También solicita a esos sitios web matrimoniales que “hagan el mayor esfuerzo” para brindar la identificación de usuarios y usuarias a través de números de teléfono móvil registrados, o pidiendo a usuarios/as que carguen un documento de identidad que se pueda verificar legalmente (si bien, ninguno de estos requisitos es obligatorio).

Sin embargo, el requisito de verificación de la identidad ha recibido críticas por violar la privacidad de usuarios y usuarias, además de que puede tener un impacto negativo en el caso de mujeres que tratan de escapar de abusadores y con ese fin utilizan un pseudónimo para crear su perfil – de forma que la verificación de identidad podría ponerlas en peligro. La verificación obligatoria de identidad en las redes sociales de citas, así como en muchas otras, puede generar toda otra serie de problemas como la obligación de revelar la identidad de género, un potencial incremento de la vigilancia por parte de las autoridades gubernamentales y problemas relativos a la protección de datos debido a la obligación de compartir documentos personales de identidad (sobre todo si son biométricos) con compañías privadas. Dada la gravedad de todos estos puntos, más que exigir una verificación de identidad, las aplicaciones de citas en línea deberían tomar otras medidas para garantizar que los usuarios excluidos no creen perfiles falsos. Ejemplos posibles serían la verificación de la dirección IP desde la cual se crea un nuevo perfil, la supervisión para detectar repetición de imágenes y otras medidas similares.

La verificación obligatoria de identidad en las redes sociales de citas, así como en muchas otras, puede generar toda otra serie de problemas como la obligación de revelar la identidad de género, un potencial incremento de la vigilancia por parte de las autoridades gubernamentales y problemas relativos a la protección de datos debido a la obligación de compartir documentos personales de identidad (sobre todo si son biométricos) con compañías privadas.

• Responder eficientemente ante las denuncias de violencia sexual: Se puede argumentar que las aplicaciones de citas tienen la responsabilidad ética de garantizar que las personas acusadas de cometer abuso sexual a través de la plataforma no puedan seguir usando la aplicación para atacar a otras mujeres. Casi todas las aplicaciones de citas cuentan con mecanismos de denuncia a través de los cuales los usuarios y usuarias pueden denunciar cuando se cometen actos de acoso y abuso sexual. Sin embargo, según la investigación de ABC, esos mecanismos de denuncia suelen ser ineficaces en la práctica, ya que la mayoría de los/as denunciantes no reciben ninguna respuesta o, en el mejor de los casos, reciben un mensaje genérico/automático que no brinda ninguna información sobre las medidas tomadas, si es que se toma alguna. Esto constituye una violación contra las políticas de seguridad del Grupo Match, que asegura que se revisarán las quejas recibidas y se tomarán las medidas necesarias, incluyendo, si cabe, el bloqueo de la cuenta de un/a usuario/a.

En relación a los niños y niñas, la obligación de presentar denuncias que está presente en la legislación de varios países exige que los intermediarios denuncien todo tipo de casos de acoso y ataque sexual de los que tengan conocimiento para evitar verse enfrentados a cargos penales. Por ejemplo, en India se presentó una denuncia contra una aplicación de atención de salud por no haber hecho una denuncia penal contra un usuario que envió un mensaje en el cual afirmaba haber abusado sexualmente de una niña. Sin embargo, cuando las denuncias de violencia sexual proceden de mujeres adultas, la legislación de la mayoría de los países no obliga a los intermediarios a dar una respuesta. Idealmente, los intermediarios deberían tener la obligación de responder a tiempo, investigar la denuncia y dar los pasos necesarios para excluir de las plataformas a los usuarios que cometen abusos, además de eliminar los contenidos abusivos. Según las recomendaciones de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres, los intermediarios deben tener mecanismos transparentes de denuncia para la violencia facilitada por las TIC y proveer los detalles relativos al número de denuncias realizadas y acciones llevadas a cabo.

Idealmente, los intermediarios deberían tener la obligación de responder a tiempo, investigar la denuncia y dar los pasos necesarios para excluir de las plataformas a los usuarios que cometen abusos, además de eliminar los contenidos abusivos.

• Cooperar con la aplicación de la legislación: Algunas leyes obligan a los intermediarios a cooperar en la aplicación de la legislación vigente cuando se inicia una investigación penal contra un usuario. Por ejemplo, la Ley de protección contra el acoso de Sudáfrica, que se aplica al acoso en línea y fuera de línea, tiene algunas cláusulas que obligan a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas a colaborar con los tribunales a la hora de identificar a los perpetradores de acoso. La negativa a proveer la información requerida por un tribunal en estos casos puede llevar al inicio de un proceso penal contra el proveedor de servicios. Otras leyes, como la de Lineamientos sobre Intermediarios de 2011, contienen cláusulas generales que obligan a los intermediarios a brindar asistencia e información a las autoridades gubernamentales con el propósito de verificar la identidad, o prevenir, detectar, investigar o realizar acusaciones por delitos penales. Incluso en caso de ausencia de cláusulas legales específicas en relación a las plataformas digitales, el código penal de la mayoría de los países cuenta con cláusulas que se pueden usar para obligar a las apps de citas a revelar información relativa al perpetrador. Las políticas de privacidad de la mayoría de las apps, incluso Tinder, también indican que tienen el deber de dar a conocer información sobre usuarios a las autoridades relevantes para asegurar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, para dar uso efectivo a estas cláusulas, los agentes locales del orden público tienen que tener la capacidad y el conocimiento necesario para obligar a las apps de citas a asumir su responsabilidad.

Incluso en caso de ausencia de cláusulas legales específicas en relación a las plataformas digitales, el código penal de la mayoría de los países cuenta con cláusulas que se pueden usar para obligar a las apps de citas a revelar información relativa al perpetrador.

Dada la ausencia generalizada de obligaciones legales que se aplican a los intermediarios para prevenir o resarcir las instancias de violencia de género que se desarrollan en sus plataformas, o que resultan facilitadas por las mismas, una de las consecuencias ha sido un llamado a dar pasos hacia la “responsabilidad de los intermediarios” a fin de que los intermediarios se comprometan a atenerse a la normativa internacional de derechos humanos y a aplicar las medidas correspondientes para proteger a las usuarias de la violencia de género en línea. Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (conocidos como los Principios de Ruggie) también ofrecen un marco sobre las acciones que pueden llevar a cabo los intermediarios para proteger los derechos humanos en línea, aunque ha sido difícil hacer que se cumplan.

La mayoría de las aplicaciones de citas en línea aseguran tomar muy en serio la seguridad de sus usuarios y usuarias (ver la Política de seguridad de Tinder), pero la investigación de ABC y estudios similares de otros países muestran que, cuando no hay compromiso legal, las compañías de citas en línea suelen tomar pocas medidas en la práctica para proteger a los usuarios y usuarias de violencia y abusos. Si bien Tinder, en respuesta al informe de ABC, se comprometió a actuar más e incluso prometió cooperar con los agentes de la ley y responder a las denuncias de usuarias sobre violencia de género en línea, aún habrá que ver si dichas promesas se reflejan en cambios reales. A diferencia de otras compañías de redes sociales que publican regularmente informes de transparencia, la mayoría de las apps de citas, incluida Tinder, no publican informes sobre el número de denuncias de acoso y ataques que reciben, o de las acciones que llevan a cabo en respuesta a tales denuncias. Las apps de citas deben aumentar la transparencia como primer paso esencial para mejorar su capacidad de respuesta ante las denuncias de violencia de género contra la mujeres que sus plataformas facilitan.

A diferencia de otras compañías de redes sociales que publican regularmente informes de transparencia, la mayoría de las apps de citas, incluida Tinder, no publican informes sobre el número de denuncias de acoso y ataques que reciben, o de las acciones que llevan a cabo en respuesta a tales denuncias.

En este contexto, es posible que la única manera eficaz de obligar a las compañías de citas en línea a dar pasos más concretos para dar respuesta a la violencia de género en línea que facilitan sus plataformas, sea imponer una mayor responsabilidad legal a los intermediarios. Si bien persiste la inquietud de siempre en relación a la creciente responsabilidad de los intermediarios (como la preocupación por la privacidad de usuarios y usuarias) incluso en casos que involucran a las apps de citas, otras preocupaciones tales como el efecto inhibitorio que tendría sobre la libertad de expresión no se aplican tanto debido a la ausencia de expresión pública de las apps de citas. En lugar de aplicar a ciegas el mismo marco para todo el mundo en lo que se refiere a la responsabilidad de los intermediarios, los gobiernos tienen que ir más allá de los conceptos tradicionales y aprobar leyes que hagan responsables a los intermediarios como Tinder por su flagrante inacción en respuesta a las denuncias de violencia de género en línea.