¿Hay que seguir soportando la “porno-venganza” en internet?

Webs creadas especialmente para postear sin consentimiento las fotos y los videos compartidos en momentos de enamoramiento de la pareja; redes sociales usadas para menospreciar o arruinar la reputación de una mujer; sitios para chateo donde estas imágenes de la intimidad son lanzadas para la burla y los comentarios incidiosos; mensajes grupales por celular que dejan al descubierto lo que fue enviado para compartir sólo entre dos: todo sirve en este nuevo escenario para continuar ejerciendo la misma violencia de siempre. Otros condimentos como la inmediatez, la difusión ampliada a decenas de personas – conocidas y desconocidas -, la llegada a las manos y a la mirada de quienes podrán seguir diseminando el material por simple inercia, despreocupación o porque lo encuentran divertido, agravan la situación y la tornan en insostenible para la víctima.

La violencia psicológica y emocional expresada en la porno-venganza en los espacios digitales se ha convertido en un arma de agresión letal para ex parejas que pretenden destruir la fortaleza, la reputación y la voluntad de las mujeres que alguna vez dijeron amar. Nuevamente entran en cuestión las relaciones de género, esas relaciones de poder en las que la pretendida supremacía del varón no se agota, sino que se renueva y magnifica gracias a la viralización de mensajes e imágenes en el ciberespacio que denostan dominio, control de la situación y mando.

Cuando en la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones comenzamos a trabajar en el mapeo de casos de violencia contra las mujeres y usos de tecnología de información y comunicación para el proyecto Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea, poco se hablaba de la porno-venganza. Pero el uso cada vez más especializado y sofisticado de las herramientas y de los espacios digitales dio lugar a situaciones graves provocadas por el uso de imágenes y videos íntimos sin consentimiento de las mujeres. Sigue habiendo gran cantidad de víctimas, algunas de las cuales han llegado al suicidio al ver sus vidas arruinadas, con pérdida de trabajo y de sus relaciones de amistad y familiares, además de mudanzas de barrio o de ciudad, e incluso cambio de identidad por los ataques a su intimidad y reputación sufridos en internet.

El equipo de investigadoras de APC prefirió no usar en su trabajo el término “porno-venganza” pero dada la proliferación del uso de este término en artículos periódisticos, lo hacemos en esta oportunidad aclarando que esta forma de violencia virtual poco tiene que ver con la pornografía sino en hacer públicas en internet o redes sociales imágenes sexuales de una ex-pareja, en su mayoría mujeres, con el fin de victimizarla y violar su intimidad.

La investigación que logró consolidarse luego de cuatro años de trabajo en terreno y estudios de casos en siete países constató que, si bien en varios países ya se han tomado medidas para frenar y sancionar este tipo de violencia de género, todavía queda mucho por hacer para que las mujeres se sientan protegidas de este tipo de agresiones y puedan recurrir a la justicia para lograr que los agresores sean localizados y sancionados.

Más bien, antes son cuestionadas por denunciar hechos que no ocurren en el mundo “real” y por lo tanto su gravedad es minimizada, o son rechazadas porque las autoridades no terminan de comprender las implicancias de la violencia psicológica o emocional que enfrentan. También son llamadas al orden por el oficial de policía o el fiscal de turno por inconducta, “porque usted no debería andar mandando esas fotos ni dejarse filmar”.

Siempre hay voces que prefieren hacer caer la responsabilidad en las propias mujeres. No en el patriarcado, ni en prácticas sociales que parecen feudales, ni en la mirada que hace de las mujeres objetos a ser controlados y consumidos, en silencio y sumisión. Esta idiosincracia no se cuestiona. Los hechos simplemente se dejan pasar, lo que crea un halo de impunidad que alimenta el crecimiento de la violencia contra las mujeres en línea, el desparpajo de los agresores y los vacíos legales para terminar con todo esto.

El acceso a la justicia como cuestión central

¿Qué hacer al respecto? En algunos países las mujeres ven rechazadas sus denuncias porque “acá no hay leyes que sancionen esto” o porque las unidades de investigación de delitos cibernéticos están “para otra cosa”, quizás más preocupados por las estafas y fraudes bancarios que por la violencia que enfrenta una mujer que descubre que su ex pareja usó su imagen para crear a la stripper protagonista de un sitio de porno-venganza.

En los últimos cuatro años son varios los países que han tomado medidas contra la porno-venganza. El primero en prohibirla en todo su territorio fue Israel. También Gales, Inglaterra, Japón y Filipinas han aprobado legislación sobre el tema. En Estados Unidos, ya son más de 20 los estados que han aprobado leyes que sancionan el uso de la porno-venganza en la violencia de género. En los primeros juicios celebrados en este país, algunos hombres encontrados culpables han sido condenados a prisión y otros han debido pagar cuantiosas sumas por los daños y perjuicios ocasionados a sus víctimas.

En la investigación realizada por APC se incluyó un informe que analiza las tendencias recientes en la legislación en cuatro países, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Nueva Escocia (Canadá) y California (EEUU), con el fin de establecer temas comunes a los distintos documentos legislativos y analizar las tendencias en la legislación que podrían tomarse en cuenta en futuras iniciativas.

Hay quienes consideran que en muchos países ya existe legislación que sanciona la violencia contra las mujeres y que puede aplicarse en los casos de violencia de género en internet, incluyendo la porno-venganza. Otros especialistas sostienen que hay legislación más específica existente en los países, como las que protegen el derecho a la privacidad, que podrían ser aplicadas en estos casos. También hay opiniones que consideran que es preferible realizar un estudio detallado de la legislación vigente sobre violencia de género o igualdad de oportunidades, por ejemplo, para considerar la posibilidad de crear protocolos que faciliten el acceso a la justicia en base a la normativa que ya existe.

Además, ante el comentario “acá no hay leyes que sancionen esto”, siempre es importante tener en cuenta que un número importante de países han ratificado la Convención por la Eliminación de toda Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y que muchos de ellos también cuentan con leyes de igualdad de género, de delitos informáticos, o que sancionan la violencia contra las mujeres. Todas ellas pueden brindar instrumentos que podrían aplicarse en casos de porno-venganza y posibilitar el acceso a la justicia.

Profundizando en esta cuestión, en una investigación reciente realizada en Argentina, la abogada Paula Vargas de la Universidad de San Andrés e investigadora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, prefirió hablar de “pornografía no consentida” en lugar de porno-venganza, y consideró el tema desde la perspectiva de los derechos humanos. En su estudio, Vargas considera varias posibilidades para encuadrar la pornografía no consentida en internet:

• como un supuesto de discurso de odio para incitar a la violencia contra la mujer, lo que incluiría también la discriminación de género,
• como violencia de género de tipo sexual,
• como vulneración del derecho a la privacidad.

La autora señala que existe una tendencia regulatoria en los países occidentales, y también en algunos países de Oriente, de convertir a la pornografía no consentida y sus variantes en un delito o una infracción, criminalizando el hecho. El argumento es que “ante el enorme daño que provoca la pornografía no consentida y la dificultad para contener dicho daño una vez que la publicación ha ocurrido, por ejemplo en internet, la única herramienta realmente eficaz en términos preventivos sería la sanción penal”.

Es una realidad que las mujeres víctimas de porno-venganza quieren ver a sus victimarios presos, en la cárcel, y consideran que es justo que el agresor pague un resarcimiento económico con el fin de reparar las consecuencias de sus acciones. También desean el fin de la agresión en línea y su eliminación por completo de todos los sitios web, buscadores, redes sociales, chats, etc, en los que hubiera circulado. Las respuestas desde la sociedad y el estado no deberían dejarse esperar. El sistema judicial cuenta en la mayoría de los países con elementos más que suficientes para actuar y cumplir con la obligación de diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar.

¿Será justicia? Como señala Vargas en su investigación al citar una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, “quienes denuncian deben poder confiar en un sistema jurídico libre de estereotipos y en un poder judicial cuya imparcialidad no se vea comprometida por suposiciones sesgadas”. Como se puede ver, el patriarcado atraviesa todos los estamentos sociales, y erradicarlo es una tarea que nos compete a todos/as.